La diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Cristina Girardi (PPD), denunció el mal uso de títulos universitarios en el extranjero por parte de funcionarios del Poder Judicial.
La legisladora presentó en la Contraloría General de la República un requerimiento para que se investigue y se entreguen los antecedentes en relación doctorados obtenidos en 2016 por altos funcionarios del Poder Judicial, en la Université Libre des Sciences L’Enterprice et des Techonologies de Bruxelles (ULSETB), la cual sería una institución inexistente o “fantasma”.
“Este un tema que vengo denunciando hace bastante tiempo en la Comisión de Educación y tiene relación a títulos otorgados a distintos académicos o profesionales que hoy están en instituciones estatales, universidades y que aparentemente serían falsos”, sostuvo la diputada Girardi.
“Esta denuncia salió en 2016 en un artículo publicado por El Mostrador y a la fecha, la Universidad de Chile, que es la institución habilitada para convalidar títulos obtenidos en el extranjero, aún no ha dado respuesta sí estos títulos son falsos o no”.
A su vez, la diputada enfatizó que tras conocerse los antecedentes, desde la Casa de Bello se comprometieron a revisar el caso, situación que a la fecha, no ha ocurrido. “La Universidad de Chile se comprometió hace dos años a realizar está revisión y aún no sucede, por eso estamos solicitando al Contralor que además podamos investigar que otras instituciones existen con títulos falsos”.
“La denuncia original de El Mostrador es por el director de la Corporación del Poder Judicial –Ricardo Guzmán- y que tendría aparentemente uno de estos títulos falsos. El Poder Judicial ni la Universidad de Chile han tomado medidas respecto a esto”.
Cuando una Universidad es reconocida por el Estado del país respectivo, solo ahí puede otorgar grados académicos y, en este caso, la ULSETB no es reconocida, tal como informó el Gobierno de Bélgica, por lo que el Estado de Chile no debería reconocer sus títulos.
Con todo lo anterior, la diputada solicitó al Contralor, Jorge Bermúdez, a hacer uso de sus facultades de fiscalización sobre los órganos del Estado, para que solicite los informes de rigor y disponga los sumarios y en su momento las sanciones que en derecho correspondan.