La Corte Suprema dictó un nuevo reglamento de prevención y control de drogas, con el fin de evitar el consumo indebido de sustancias por parte de jueces, funcionarios judiciales y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Según publicó el diario “El Mercurio”, la normativa aprobada el 29 de noviembre pasado incluye la novedad de la realización de un sumario oral al funcionario que se niegue a cumplir un tratamiento y rehabilitación en caso de haber dado positivo el año anterior.
Además, se decidió que se licitará la contratación de una nueva empresa especializada que aplique exámenes a nivel nacional, los que serán determinados por el Consejo Superior de la Corporación del Poder Judicial.
Todos los años en enero, la Corte Suprema define un mecanismo para la toma de muestras, tratándose generalmente de 541 funcionarios que son seleccionados para ser sometidos al control de drogas.
El test se efectúa con una muestra de pelo, con el fin de detectar marihuana, cocaína y sus derivados, anfetaminas y benzodiacepinas.
Durante el control de consumo de drogas realizado en 2017, 10 funcionarios del Poder Judicial marcaron positivo por cocaína o marihuana.