Cuando el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, llegó a la institución en 2016, puso especial atención a la rendición de gastos reservados por parte de instituciones públicas que tienen asignado ese presupuesto.
En dicha oportunidad, debió analizar la entrega de antecedentes de gastos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), considerando que como se especifica en La Tercera, los comandantes en jefe de cada rama acuden a la oficina del contralor de turno “con un sobre cerrado que en su interior trae la rendición -reservada y genérica- junto a una declaración jurada. El contenido es leído, luego archivado y tras ello se finaliza la revisión”.
Una vez conocido este hecho, Bermúdez redactó un oficio reservado, al que tuvo acceso La Tercera, y que fue remitido a la entonces Presidenta Michelle Bachelet el 21 de junio de 2016.
En el documento de dos páginas, Bermúdez aseguró que la rendición de gastos “carece de una aplicación práctica”. Luego añadió que “la documentación proporcionada no puede, en rigor, ser considerada como una rendición de cuentas propiamente tal. (…) Ello considerando que los gastos se informan sin antecedentes de respaldo alguno que permita verificar su correcto uso”.
Bermúdez advirtió, además, que “esta Contraloría debe limitarse a hacer fe del contenido de lo informado, careciendo de los medios para comprobar si los recursos asignados en cada caso han sido efectivamente invertidos en la forma en que la ley prevé”. Todo eso lo hizo concluir que se trata de una normativa que “resulta completamente insuficiente”.
Ante este escenario, el informe añade que la Contraloría no cumplió con la tarea de “examinar y, eventualmente, juzgar tales cuentas” ante el Ejecutivo. Se agrega que “ello explica que, hasta la fecha, no se haya informado a la Presidencia de la República la opinión de este organismo de control respecto del destino otorgado a esos gastos. Lo anterior, toda vez que el mismo carece de información suficiente para emitir tal pronunciamiento”.
La autoridad también calificó la situación como una “debilidad normativa” y solicitó a la Jefa de Estado ponderar “una eventual modificación en términos de permitir el completo acceso de esta Contraloría a la documentación de respaldo de los gastos, sin perjuicio de mantener la obligación de guardar la debida reserva al respecto”.
Pero además Bermúdez reiteró estos hechos en comisiones permanentes e investigadoras del Congreso durante 2017 y 2018. En cada una el planteamiento fue el mismo: “Dentro de las debilidades de la institucionalidad pública que favorecen los actos de corrupción están los gastos reservados”. Además, en junio de 2017 envió al Congreso una propuesta para mejorar el sistema.