La Contraloría General de la República (CGR) entregó un dictamen en donde establece su apoyo a la concejala de la comuna de Calama, Carolina Torres (DC), quien reconoció que entraba a las sesiones municipales con media hora o 45 minutos tarde, debido a que tenía que quedarse amamantando a su hijo antes de ingresar a los concejos.
El organismo del Estado estipuló que no se le deben descontar de sus honorarios los minutos de tardanza, ante la denuncia realizada por violencia de género en contra de otro edil del mismo municipio, quien la acusó de sus ingresos tardíos a las reuniones.
El denunciante, Claudio Maldonado, señaló en su acusación que Torres “no es funcionaria municipal ni pública”. A pesar de aquello, la CGR dictaminó que “el derecho a alimentación es un derecho inherente a toda relación madre-hijo, que es reconocido por el ordenamiento jurídico y que el legislador solamente ha regulado en su extensión y modalidad para hacerlo conciliable con el derecho de la madre a trabajar en las labores que ella estime”.
El documento, que lleva la firma del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, añade que “en efecto, los derechos que protegen la maternidad cumplen una doble finalidad: brindar la debida protección y estabilidad al menor, y fomentar el desarrollo profesional de la mujer desde la posición que ella elija según sus intereses, los que no necesariamente deben regirse por una relación estatutaria, como acontece con las concejalas”.
Bajo esa misma línea, la resolución concluyó que “si bien las concejalas no poseen la calidad de funcionarias municipales, ellas han optado por cumplir funciones públicas a través del ejercicio de un cargo de elección popular, lo que no puede traducirse en la pérdida de su derecho y el de su hijo, a alimentarlo hasta los dos años”.
“El tiempo que destinó al ejercicio del derecho que tenía su hijo menor de dos años a ser alimentado por ella, es causa suficiente para justificar que retrasara su entrada a las sesiones de concejo hasta en una hora, tal como informó a la superioridad en su oportunidad”, concluye el escrito en el caso en particular de la concejala.