El Ministerio Público notificó este lunes la decisión de terminar la investigación del millonario fraude al interior de Carabineros a través de un correo electrónico a cada una de las defensas de los imputados.
El caso comenzó en octubre de 2016 con un oficio secreto enviado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, al persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos. En este se detallaba que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios que podrían constituir delitos de lavado de activos. Hasta este martes, la causa acumula 182 tomos de carpeta investigativa (cada uno con cerca de 500 páginas).
El lunes pasado, el Ministerio Público informó a través de un correo electrónico a los abogados de los imputados que las pesquisas habían llegado a su fin, según informó La Tercera. “Comunico a Ud. que hoy, lunes 18 de marzo de 2019, siendo las 17.41 h, he declarado el cierre de la investigación Ruc 1601014175-7”, indicaba la comunicación.
Esto, debido a que en septiembre pasado la fiscalía separó esta investigación en tres “cuadernos”: la causa “madre”, en que se malversaba desde cuentas institucionales a personales (aquí está formalizada la “cúpula” de los carabineros que ideó el fraude); los “cuentacorrentistas”, quienes facilitaban sus cuentas para que los cabecillas “blanquearan” su dinero, y la malversación a través de los fondos de desahucios (beneficio en dinero a personas que nunca trabajaron en la institución).
Según antecedentes de la investigación, en total se identificaron ocho métodos para defraudar la institución. El mecanismo principal se trató de la creación de cuentas corrientes fantasmas, en donde depositaban los fondos malversados.
Desde que se informó el cierre de la investigación, la fiscalía tiene como máximo 10 días para presentar acusación en cada uno de estos cuadernos, los que acumulan a 136 formalizados, de un total de más de 180 imputados.
Según fuentes de la investigación, todos los delitos imputados a la “cúpula” incluyen penas de crimen, es decir, sobre los cinco años y un día. Todos ellos, además, tienen imputaciones por tres o cuatro delitos. Por esto, dicen, arriesgan penas de al menos 10 años.
El resto de los imputados, casi 100, podrían optar a salidas alternativas. Esto va depender de los acuerdos a los que estarían dispuesto a llegar sus defensas con el Ministerio Público.
Bárbara Salinas, quien defiende a los comandantes (R) Claudio Venegas, Patricio Morales y Ramiro Martínez, dijo que “es imposible llegar a un juicio oral con más de 100 personas, no hay nadie que lo pueda resistir. Por eso, tiene lógica que aquellas personas que tienen un grado de participación inferior no reciban el mismo tratamiento de aquellos que están en la cúpula”.
Agencia Uno