FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO
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Autoridades de Gobierno presentaron una querella contra un trabajador del liceo Gabriela Mistral de San Antonio y las demás personas que resulten responsables por el delito de abuso sexual cometido contra alumnas del mencionado establecimiento.

Hasta el Tribunal de Familia de la comuna de la región de Valparaíso llegaron el seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci, acompañado de la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, la gobernadora de San Antonio, Gabriela Alcalde, la seremi de Educación, Patricia Colarte, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Ricardo Figueroa, y el director regional de Sename, Rachid Alay.

La acción se realizo tras darse a conocer las denuncias de al menos 13 alumnas del recinto escolar, que acusaron haber sido víctimas de abuso sexual de parte de un auxiliar del liceo, el que fue separado de sus funciones tras salir a la luz pública el primero de los casos.

A nombre del Sename, órgano que interpuso la acción penal, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci, señaló que si bien ya se sabe de algunos casos, la acción “se deja abierta para poder ser interviniente en el proceso judicial por todas las víctimas que se presenten durante el curso de la investigación”.

Además, agregó que actualmente se encuentran trabajando para “habilitar la red de protección del servicio para los menores de edad que resulten víctimas, con el fin de entregar la protección correspondiente así como la oferta que posee el Sename a nivel ambulatorio”.

La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, aseguró al respecto que “esta temática nos involucra a todos y que es muy relevante especialmente porque en la región de Valparaíso, el año pasado, hubo cerca de 500 denuncias lo que es la punta del iceberg porque sabemos oficialmente que solo 1 de cada 4 casos denuncia, aunque según la Fundación para la Confianza las cifras son aún más dramáticas”.

Cabe recordar que el funcionario del establecimiento educacional fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Antonio, el que estableció un plazo de 80 días para la investigación de este caso, tiempo durante el cual el sujeto deberá permanecer en prisión preventiva.

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