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la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de “ley corta” que rebaja las tasas de rentabilidad de las empresas eléctricas distribuidoras y perfecciona el proceso de fijación tarifaria para los hogares.

La iniciativa, que surgió luego de la crisis de los medidores, pretende fijar una nueva tasa de actualización, representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica.

De acuerdo al texto, el objetivo es fijar una nueva tasa de actualización, representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica.

Asimismo, moderniza el procedimiento de determinación y fijación de las tarifas de distribución, a fin de determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio de distribución, evitando asimetrías de información y permitiendo la participación de los agentes interesados de forma transparente y contestable, basado en argumentos técnicos, jurídicos y económicos.

Por otra parte, busca una nueva definición de “áreas típicas” que reflejen adecuadamente los costos de la empresa modelo, que actúe de manera eficiente y cumpla con las exigencias de calidad de servicio establecidas en la normativa. 

La iniciativa fue analizada por las comisiones de Energía y de Hacienda, señala que las empresas de distribución deberán constituirse como sociedades anónimas abiertas o cerradas sujetas a las obligaciones de información y publicidad establecidas. Asimismo, agrega que deberán tener giro exclusivo de distribución de energía eléctrica.

Las cooperativas, en cambio, solo en el evento que además desarrollen otras actividades distintas de la distribución eléctrica, deberán llevar una contabilidad separada respecto de las actividades que comprendan en cualquier forma el giro de distribución eléctrica.

La propuesta perfecciona, además, el proceso de consulta pública, permitiendo la participación ciudadana en plazos y fórmulas de publicidad adecuadas y modernas.

Por otro lado, pone término al antiguo régimen de cálculo y ponderación de los estudios de costos, evitando la incorporación de precios inflados o elevados artificialmente por un proceso licitado, transparente y público.

El proyecto incorpora un cuerpo de normas transitorias donde se busca aplicar estas normas al proceso tarifario 2020-2024.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sostuvo que el proyecto -si llega a ser ley- podría bajar las cuentas de luz, “en una rebaja de entre 2,5% y 3%. Lo que es importante entender es que lo que reciben como ingreso las compañías distribuidoras es al rededor de un 20% de la cuenta total porque el resto va a las compañías que generan la electricidad”.

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