La romería al Cementerio General para conmemorar a las víctimas de la represión en la dictadura cívico-militar (1973-1990) se desarrolló con incidentes aislados entre los manifestantes y los funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros cuando el trayecto dobló desde la Alameda a calle San Antonio hacia el norte.
También pasado el mediodía y cuando la gran cantidad de personas llegaba al camposanto por Avenida Recoleta, un grupo de personas, principalmente jóvenes encapuchados, comenzó a levantar barricadas con basura y desechos en el frontis del lugar.
Asimismo, los periodistas apostados en el lugar informaron de agresiones con palos, piedras y el lanzamiento de bombas incendiarias, del tipo molotov, donde resultó lesionado un camarógrafo de Televisión Nacional, TVN.
En calle San Antonio, los manifestantes también las emprendieron contra los profesionales de los medios de comunicación y atacaron con golpes y gas pimienta a uno de los fotógrafos de AgenciaUNO.
La marcha está convocada por las organizaciones de derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Partido Comunista (PC) entre otros para recordar las más de 3.100 víctimas del “terrorismo de Estado” que se aplicó en Chile por la Junta Militar de Gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet.
La movilización está autorizada por la Intendencia Metropolitana y contempla el cierre de la romería con un acto político cultural en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en el acceso norte del Cementerio General en Avenida Recoleta.
Este año, la principal consigna dice relación con los antecedentes históricos de la actual situación social y económica de Chile, donde se plantea que “La Impunidad de ayer es la razón de la Desigualdad de hoy” como rezaba uno de los lienzos que sostuvieron en la cabeza de la marcha alguno de los dirigentes convocantes.
Actualmente el Poder Judicial tiene abiertas alrededor de 800 causas criminales para determinar a los responsables de las desapariciones y ejecuciones de dirigentes políticos, sociales e indígenas de todo el país una vez que se implementó la dictadura a partir del 11 de septiembre de 1973.
Asimismo, desde 1998 a la fecha, los tribunales han condenado a unos 300 ex-militares y ex-agentes represivos por estos hechos, donde hay u nos 150 cumpliendo condenas efectivas en los penales de Punta Peuco y Colina I, destacando los ex jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, brigadier(r) Pedro Espinoza, el ex director de la Central Nacional de Informaciones, CNI, Hugo Salas Wenzel y su ex-jefe operativo, Álvaro Corbalán Castilla.
