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La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad del Decreto de Ley 3.500 presentado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, luego de que una mujer pidiera a una aseguradora retirar sus fondos previsionales.

Se trata del caso de Beatriz, Valenzuela (60), quien pidió a AFP Habitat retirar su dinero, lo que fue negado por esta entidad. Ante esta situación la técnico en enfermería recurrió al tribunal de alzada.

La corte presentó el recurso en octubre pasado, que fue acogido a trámite por el TC, y que hoy fue declarado admisible, sumándose así a lo resuelto ante el requerimiento de una profesora de Antofagasta.

Tras la determinación de la Segunda Sala del TC, las partes involucradas tienen un plazo de 20 días para presentar sus descargos, para posteriormente citarlos a los alegatos frente al pleno.

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