La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, afirmó que el Gobierno revisó con atención el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que consignó un alto número de violaciones graves a los DD.HH.
Desde La Moneda, la autoridad señaló que tomaron “debida nota” sobre las recomendaciones del organismo, aunque alguna de ellas ya están siendo implementadas, otras están siendo evaluadas por el comité técnico asesor que estudia cambio a Carabineros y algunas son similares las ya hechas por Human Rights Watch, el INDH y la Defensoría de la Niñez.
La subsecretaria lamentó “profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada que estuvo en nuestro país” y dijo que cada una de ellas “está siendo investigada por el Ministerio Público y será sancionada cuando lo determine los tribunales de Justicia”.
“Así mismo hemos lamentado cada pérdida de vida y cada lesión que ha sufrido alguna persona en estas complejas semanas de crisis social. Reiteramos nuestra condena a cualquier vulneración de los derechos humanos“, agregó.
Junto a las medidas que ha tomado el Gobierno para acompañar a víctimas de violaciones a los DD.HH., como el acompañamiento a mujeres que han denunciado violencia sexual o personas con lesiones oculares, Recabarren dijo que “es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas, contienen información errada o les falta información actualizada”.
Entre las precisiones, detallan el contexto que ha enfrentado Chile, y afirman que fue la violencia “y no las manifestaciones pacíficas como se ha pretendido hacer ver por algunos, la razón que determinó la necesidad de decretar el Estado de Excepción Constitucional ese viernes 18 de octubre“.
Agregaron que el Gobierno “ha garantizado el derecho a la reunión y manifestación pacífica. Desde el 18 de octubre, un total de 4,5 millones de personas han participado en marchas y manifestaciones públicas, lo que da cuenta del ejercicio eficaz de este derecho”.
Además cifraron los hechos de violencia hasta la fecha más de 2.500 eventos graves, incluyendo 952 saqueos, 282 incendios y destrucción a la propiedad pública y privada.
Medidas adoptadas por el Gobierno
Dentro del conjunto de medidas adoptada por el Gobierno, la subsecretaria Recabarren enumeró los 856 sumario administrativos al interior de Carabineros, además de “una serie de medidas correctivas a los protocolos y de mejoras para el control del orden público” por parte de la institución policial.
Junto a ello destacó el “perfeccionamiento de los protocolos de uso de la fuerza, incorporando cámaras corporales para quienes usan escopetas anti disturbios, con el fin de asegurar su correcta implementación”, el despliegue de 251 instructores de DD.HH. de Carabineros, la suspensión de uso de perdigones para controlar manifestaciones, la solicitud de un estudio sobre la composición de los perdigones y la ampliación de instalación de cámara en todas las comisarías.
Los principales cuestionamientos del Gobierno
Además de lo expresado por la subsecretaria, el Gobierno, a través de la Misión Permanente de Chile ante la ONU en Ginebra, respondió al informe de la misión. Entre sus principales cuestionamientos están:
– Muertes: en relación a la afirmación de 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público.
– Lesiones Oculares: el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad. Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos.
– Ejecuciones Extrajudiciales: no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente.
– Libertad de la Prensa y Defensores de Derechos Humanos: el informe no entrega antecedentes que demuestren la existencia de represalias o restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, por parte del Estado. Por el contrario, la colaboración ha sido total y permanente, lo cual ha sido públicamente reconocido por las instituciones involucradas. El funcionamiento de los medios escritos radiales y de televisión dan cuenta de una amplia y libre cobertura de los hechos. Durante los 7 días en que hubo toques de queda, 1.411 salvoconductos fueron entregados al INDH, 1.082 a abogados y 1.746 a periodistas para desempeñar su labor.
– Hostigamiento a Líderes Estudiantiles: el Informe hace referencia a un único caso, que corresponde a una estudiante aprehendida por el quebrantamiento del toque de queda, no existiendo antecedentes que permitan afirmar que existió hostigamiento.
– Personas Detenidas: el Informe señala que muchos de ellos son “jóvenes sin antecedentes penales”. Al respecto, cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad. El Informe se refiere a detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia.