Los diputados Jaime Bellolio (UDI), Jorge Alessandri (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Sebastián Torrealba (RN) enviaron al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, una propuesta para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus.
Según los diputados, los trabajadores de planta y a contrata se rigen por el Estatuto Administrativo y que por lo tanto “no han visto reducidas sus remuneraciones”. Además, argumentaron que “los funcionarios públicos tienen remuneraciones bastante más elevadas que aquellos del sector privado”.
En ese sentido, según consignó La Tercera, proponen que que los sueldos mayores a $750.000 no tengan reajuste en sus salarios de acuerdo al IPC, por la inflación.
En tanto, “hoy un 30% de los funcionarios públicos recibe $ 750.000 o menos y nos parece justo que las rentas más bajas, que corresponden a auxiliares, técnicos y administrativos, vean reajustados sus salarios en proporción al alza del costo de la vida”. Con esto, habría un ahorro de $800 millones de dólares.
Asimismo, proponen eliminar el bono de término de conflicto y del bono de vacaciones. A su juicio, el primero “no tiene una adecuada justificación, menos en la situación excepcional en la que nos encontramos. Ello implica un ahorro estimado de US$200 millones”.
Y respecto al bono de vacaciones, dice que “debe ser destinado al personal de la salud pública que ha estado entregando toda su energía y capacidad profesional en esta pandemia, a través de una bonificación, que oscilaría entre $350.000 y $600.000, según el salario que tengan”.
Los parlamentarios aseguran que en total, habría un ahorro cercano a US$1.000 millones, lo cual se debería utilizar para extender por tres meses el Ingreso Familiar de Emergencia y para un subsidio al empleo.