Durante la tarde de este viernes 20 de junio, Carabineros realizó una actualización de los procesos administrativos que se instruyeron tras una serie de hechos denunciados durante el denominado “estallido social”.
Es en este contexto que se refirieron al caso de Gustavo Gatica, quien, el 8 de noviembre pasado perdió la visión de sus ojos en una manifestación.
Con respecto a este hecho, el general subdirector de Carabineros, Diego Olate, explicó que “el fiscal determinó iniciar el proceso de baja de un funcionario debido a un gran incumplimiento de los protocolos detectados en la investigación interna”.
A esto añadió que “dicha infracción consistió en que las imágenes entregadas a la PDI en diciembre, fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo, sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente, como lo establece el protocolo”.
Finalmente, el uniformado detalló que dichas imágenes se encuentran en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, aunque advirtió que “el no cumplimiento de esa instrucción es motivo suficiente para esta decisión” por su responsabilidad administrativa.
Fabiola Campillai
Otro caso que fue abordado por la autoridad, fue el de Fabiola Campillai (36), quien, mientras se dirigía a su lugar de trabajo, fue impactada por una bomba lacrimógena en su cabeza.
Debido a esto, Fabiola -madre de tres hijos de 19,16 y 8 años- perdió la visión en sus dos ojos.
Sobre este suceso, Olate señaló que la investigación “sigue en desarrollo. Lamentablemente no se ha podido contar con la declaración de la víctima a pesar de ser solicitada a los organismos correspondientes”.
Además, dejó en claro que “estas investigaciones corresponden a procesos para determinar responsabilidades institucionales, que son paralelos a las indagaciones penales que están a cargo del Ministerio Público”.
Investigaciones
Por último, el general subdirector de Carabineros afirmó que, con respecto a las eventuales irregularidades ocurridas dentro de la institución policial durante el período del estallido social, se han desarrollado 1.228 investigaciones, mil de las cuales ya se encuentran terminadas.
Producto de estos sumarios, 173 funcionarios fueron sancionados y otros 14 fueron dados de baja.