La Contraloría General de la República elaboró un informe que corroboró que en la Municipalidad de San Ramón se desempeñan 54 personas con condena por crímenes o simple delito, determinado que estos deben abandonar sus cargos. El ente fiscalizador dio un plazo de dos meses para que las salidas se concreten.
De acuerdo al documento, “no corresponde que la Municipalidad de San Ramón contrate bajo la modalidad a honorarios y mantenga en servicio en tal calidad a quienes se encuentran condenados por crímenes o simples delitos“.
Además, la auditoría detectó que cuatros funcionarios contratados tenían vínculos familiares con altos cargos directivos, como jefes de departamento o concejales al interior del edificio consistorial.
Este hecho ocurrió durante la actual administración del alcalde Miguel Aguilera, quien desde 2018 enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por fraude al fisco y la designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal, contraviniendo lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades.
Contraloría remitió el informe al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
?Concluida la investigación, se corroboró que 54 personas con condena por crímenes o simple delito, se desempeñan en @MuniSanRamon_.
Éstos deberán dejar sus cargos y los antecedentes de derivan a @FiscaliadeChile y @CDE_CHILE+ info ?https://t.co/WBMTy6dVqe https://t.co/sWPAZ79Wtb pic.twitter.com/NFuhzBrHMt
— Contraloría (@Contraloriacl) October 13, 2020