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PDI
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El fiscal regional de Valparaíso, Carlos Parra, y la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron este sábado a la zona del incendió en Quilpué para coordinar las diligencias en la investigación que busca dilucidar cómo se inició el siniestro, que ya lleva 3.200 hectáreas quemadas.

De acuerdo al prefecto inspector Juan Vergara, jefe regional de la PDI, “nosotros desde el primer minuto nos pusimos en coordinación con el Ministerio Público para hacer la denuncia respectiva y así contar con las órdenes, y empezar el proceso investigativo”.

“El día de hoy se ha hecho una primera etapa en el sitio del suceso, recolectando evidencia, peritajes, los cuales van a ser destinados a Santiago para poder obtener las evidencias y el lineamiento de la investigación misma que nosotros estamos enfrentado en esta tragedia“, explicó.

De este modo, se busca “determinar si es una acción producida de forma certera, con una persona que haya hecho esta situación de forma casual o natural, eso lo tenemos que descartar en el proceso de la investigación”.

Por su parte, el fiscal  lo más probable es que el incendio de Peñuelas “no tenga un origen de tipo natural”. En ese contexto, y por los focos activos de los incendios, las pericias, explicó, son “una labor que toma su cierto tiempo, los lugares son de difícil acceso y requieren un tiempo un poco más prolongado para el empadronamiento y obtención de declaraciones de testigos en torno a los hechos”, dijo.

“Generalmente las investigaciones de este tipo son delitos son de largo aliento”, agregó.

Cabe recordar que el Gobierno presentó una querella por el incendio, debido a la sospechas de que la causa del fuego fue intencional. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, dijo esta mañana que el incendio “fue hecho por personas que sabían dónde hacer los focos, qué hora hacerlos, qué dirección del viendo había, es decir, fueron absolutamente planificado. Yo, al menos, no tengo ninguna duda”. 

En esa misma línea, sostuvo que “les puedo asegurar a la región que vamos a hacer todo los esfuerzos con el Ministerio Público, con la fiscalía, con las policías, para dar con estos enfermos mentales que pudieron haber puesto en riesgo (…) más de 7-8 mil vivienda y pudieron haber dañado cerca de 30 mil personas. Eso es realmente criminal, eso es de gente enferma”. 

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