La Asociación de Fiscales se refirió a las declaraciones entregadas por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en las que reveló que sostuvo una serie de reuniones con parlamentarios mientras eran investigados por el Caso SQM.
En primer lugar, indicaron que “respecto a la imposibilidad de continuar con las investigaciones en contra del exministro Rodrigo Peñailillo y otros investigados, compartimos las afirmaciones del Fiscal Nacional sobre la urgente necesidad de que se realicen modificaciones a la legislación tributaria y electoral, para efectos de que el Ministerio Público pueda sostener la acción penal de ese tipo de delitos sin tener que esperar la denuncia o querella por parte de los respectivos servicios públicos”.
Junto a esto, enfatizaron sobre las reuniones de Abbott que “considerando que dichos encuentros fueron dados a conocer por CIPER el 01 de octubre de 2015, antes de que la Corte Suprema elaborara la quina de candidatos al cargo, y teniendo especialmente en cuenta que ante dicho medio el Fiscal Nacional reconoció las reuniones y expuso la necesidad de que se transparentara y regulara un proceso para que los aspirantes puedan explicar sus proyectos a los miembros de la Cámara Alta, reiteramos lo señalado por el gremio en su oportunidad”.
“Esto es considerar que dichas reuniones no eran convenientes ya que afectaban la transparencia que necesariamente debe rodear la elección de este cargo“, puntualizaron.
En relación a la cita que tuvo el Fiscal Nacional con el entonces senador Hernán Larraín, señalaron que “considerando que esta reunión fue solicitada por parte del actual ministro de Justicia, quedando constancia de la misma en la agenda pública del Fiscal Nacional y teniendo en cuenta que el contenido de la misma ha sido referido en diversas ocasiones por parte de los involucrados, manifestamos que si bien no existe reproche formal por parte de este gremio a dicha reunión, nos parece cuestionable que el Ministerio Público haya ofrecido una suspensión condicional a un senador ya desaforado por delitos cometidos precisamente en el contexto de su elección en el cargo de parlamentario”.
“Por lo mismo, y más allá de que la legislación lo hubiera permitido, emplazamos a las autoridades que participaron en dicha decisión, para que expliquen a la ciudadanía las razones por las cuales la institución otorgó esta salida alternativa, evitando con ello continuar con la persecución penal de un imputado confeso“, precisaron.
Finalmente, manifestaron que es “indispensable que las autoridades constituyentes puedan mejorar la institucionalidad del Ministerio Público”.
“Para ello el gremio, apoyado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, elaboró una serie de propuestas que apuntan precisamente a fortalecer los niveles de autonomía, independencia y transparencia necesarios para que la ciudadanía pueda confiar en un sistema de justicia que ha permitido, como nunca antes en la historia de nuestra República, investigar y perseguir penalmente la corrupción cometida por empresarios, políticos y altos mandos de instituciones militares y policiales”, cerraron.