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Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli
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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, cuestionó la determinación de la Contraloría General de la República (CGR), entidad que rechazó el Decreto 249 enviado por el Gobierno, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores de prevención y control de orden público en la Macrozona Sur del país.

“Durante este año y medio de pandemia, las Fuerzas Armadas han estado desplegadas a lo largo de todo Chile, pero particularmente colaborando con las Fuerzas de Orden y Seguridad en la Macrozona Sur”, sostuvo la autoridad.

“Además, desde el año 2019 el Presidente de la República dictó un Decreto Supremo para que pudieran apoyar a las Fuerzas de Orden y Seguridad en el control del narcotráfico, del crimen organizado y, además, agregamos el tráfico de migrantes en la Macrozona Norte“, añadió.

“Ahora que se termina el Estado de Excepción Constitucional, lo lógico era que todas las capacidades del Estado, pero particularmente la de las Fuerzas Armadas, pudieran colaborar, apoyar en logística, en transporte, en tecnología, pero también en vigilancia a las Fuerzas de Orden y Seguridad en la Macrozona Sur. Ese era el objetivo de este decreto que enviamos a la Contraloría”, planteó Galli.

Por lo mismo, aseguró que “no entendemos la objeción del contralor. El Decreto Supremo establece claramente que es un rol de colaboración, de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad que es muy limitado, en logística, transporte, tecnología y vigilancia. Únicamente el rol de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, nunca involucrándose en operativos policiales y en control del orden público”.

“Es por eso que es muy similar a lo que hacen hoy las Fuerzas Armadas de manera legal y constitucional en la Macrozona Norte, para enfrentar fenómenos tan complejos como el narcotráfico y el crimen organizado”, detalló.

Estamos evaluando todas las vías para que todas las capacidades del Estado sean puestas a disposición de los ciudadanos, de la seguridad de los ciudadanos, y poner a disposición todas las capacidades del Estado en colaboración de darles seguridad a los ciudadanos, y particularmente a los ciudadanos que están en la Macrozona Sur”, concluyó.

Respuesta de la Contraloría

Ante los dichos de Galli, la Contraloría respondió a través de redes sociales, explicando que “a diferencia del decreto 265, que establece la colaboración en frontera a amenazas exteriores, en este caso trata de un conflicto interno de orden público“.

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