La Fiscalía Nacional ofreció este viernes una vocería para comunicar su decisión respecto a una eventual investigación sobre la compraventa de la minera Dominga, revelada por la investigación de los “Pandora Papers”, y que involucró al Presidente Sebastián Piñera.
La directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, dijo que “queremos informar que el Fiscal Nacional con fecha de hoy ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido por los Pandora Papers, y que en definitiva, tiene relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del Presidente de la República”.
“El fiscal nacional ha tomado esta decisión, atendido que los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios… materias que en definitiva serán todas objetos de una investigación”, detalló, señalando que a cargo de la causa estará a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Además, Herrera dijo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, tomó esta decisión tomando en consideración un informe a la unidad Amticorrupción y que hacía relación con “verificar si los hechos ya habrían sido investigados y, por lo tanto, habría recaído una decisión judicial a su respecto, que como sabemos es la decisión de sobreseimiento definitivo que recayó en una causa que en esos momentos denominamos como caso Exalmar, y que tenía una arista relacionada con la minera Dominga”.
Frente a la opinión técnica de la unidad especializada, señaló “que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del 4° Juzgado de Garantía del año 2017″.
“Quiero insistir, lo primero se refiere a que el Presidente habría intervenido supuestamente para detener Barrancones para que allí se instale Dominga, hechos de 2017. Los hechos actuales que nosotros estimamos deben ser investigados corresponden a la compraventa de la minera Dominga“, precisó.
En cuanto si existe prescripción de los delitos, Herrera contestó que eso “es algo que deberá verificarse en el curso de una investigación”.
Herrera también afirmó que existe un antecedente que no estaba antes. “El contrato en inglés suscrito en islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de este tiempo”, aclaró sobre la compraventa que incluía un pago vinculado a la institucionalidad ambiental por parte del empresario Carlos Alberto Délano.