Incertidumbre generó una alerta informal que aseguraba un eventual término de ayudas económicas por parte del Estado a personas que sufrieron atentados o episodios violentos en la macrozona sur, debiendo ser trasladadas a otras localidades para asegurar su seguridad.
Según indicó El Mercurio, Fernando Fuentealba, vocero de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, dijo que “hay una gran incertidumbre e inquietud en las víctimas, porque nos han estado comunicando, por parte de las autoridades, que no hay recursos, que cada caso se está evaluando y que los apoyos no pueden ser permanentes”.
Para Fuentealba existe una falta de sensibilidad y poca conciencia del Gobierno, porque “lo básico es pensar en las personas y no dejarlas botadas a su suerte porque ellos tienen las herramientas para asegurar la protección”.
“El Estado debe ofrecer soluciones porque es responsable de que en muchas zonas las personas no pueden vivir porque están en riesgos sus vidas”. Necesitan que “se establezca un subsidio habitacional especial, para que las víctimas puedan acceder viviendas en a otros lugares en los que no estén expuestos a atentados”, añadió.
Los coordinadores de la macrozona aseguraron que los “beneficios no se verán alterados” y que se está realizando un levantamiento para “llegar a la mayor cantidad de personas”.
El presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avvru), Alejo Apraíz también manifestó su preocupación en cuanto al tema.”Nos habría gustado que el actual gobierno hubiera logrado dejar las reglas claras, pero ahora nos concentraremos en reunirnos con el Presidente electo”, dijo.
Según explicó, actualmente se cuentan con recursos solamente hasta octubre para solventar a un número creciente de víctimas de la violencia en el sur y “con dineros limitado, que siempre son insuficientes”.
Las personas inscritas en este momento alcanzan las 320, las cuales requieren oficinas y profesionales que los asistan en materia legal, psicológica y social.
En los últimos años está Asociación se adjudicó fondos en cinco ocasiones, provenientes del Ministerio del Interior. “Nos preocupa que va a ocurrir el año 2023, porque se trata de dineros que no están englosados en la Ley de Presupuestos de la Nación y eso nos complica cada año”, porque “tenemos que presentar proyectos y los resultados son inciertos” y las víctimas van en aumento, explicó Apraiz.
Pablo Urquízar, coordinador de la macrozona sur, recalcó que “no hay cambios en materia de apoyo a víctimas de la violencia en la macrozona sur para 2022″. “Entre 2018 y 2021 se destinaron casi $15 mil millones a la reposición de emprendientos destruidos para 871 personas mapuches y no mapuches”, mientras que el prepuesto de este año solo es del $3.899 millones.
En tanto, la coordinadora del Biobío, Bárbara Cortés sostuvo que “el Programa de Apoyo a Víctimas está trabajando en el levantamiento de requerimientos de cada una de ellas, y sus respectivas urgencias, a fin de apoyar y llegar a la mayor cantidad posible de afectados”.