Osvaldo Urrutia y Gustavo Hasbún aseguraron que con la decisión “el Gobierno está violando los derechos humanos de las personas que ahí se encuentra recluidas, con una sed enorme de venganza”.
Como una violación sistemática a los derechos humanos, calificaron los diputados UDI Gustavo Hasbún y Osvaldo Urrutia, la idea del Gobierno que buscaría cerrar el penal de Punta Peuco.
Para Hasbún “esta es decisión con una carga ideológica tremenda que lo único que hace es abrir las heridas del pasado y demuestra una inhumanidad tremenda, porque ese ánimo de venganza sobre todo con gente que en su gran mayoría son adultos mayores que están prácticamente en la etapa final de su vida, que sean tratados de esa manera me parece que es una violación sistemática a los derechos humanos que tanto ellos han protegido por tanto tiempo”.
Además, el legislador fue enfático en señalar que “estamos hablando de personas que están en situación de enfermedad, en muchos casos que están en situaciones terminales, que obviamente necesitan un tratamiento distinto, y si eso no los deja ver y siguen pensando con un ánimo de venganza, eso le hace un daño tremendo a Chile”.
Por su parte, el diputado Osvaldo Urrutia explicó que “primero Punta Peuco cumple con todos los requisitos para ser una cárcel; el penal Cordillera no tenía las características de infraestructura de una cárcel, estaba adaptado porque era un ex cuartel”.
“El cierre es venganza porque estas personas han sido condenadas a privación de su libertad, algunos injustamente; otros eran personas muy jóvenes, subtenientes o cabos y que cumplieron órdenes y están condenados a largos años de prisión por haber sido encubridores o cómplices en un contexto en el que había estado de sitio y que las personas no podían negarse a cumplir órdenes”, precisó.
“Hay personas que sí son inocentes”, enfatizó Urrutia.
El diputado Urrutia anunció que “como integrante de la comisión de Defensa voy a citar al ministro de Defensa para que nos indique cómo van a cumplir con lo que establecen hoy los reglamentos penitenciarios; y que va a pasar con la promulgación – que el Gobierno aún tiene retenida y sin promulgar – la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para los adultos mayores, en el que se establece que ellos tienen derecho a la integridad física y al respeto de sus DD.HH”.