Enfatizó que los datos requeridos son públicos.
A través de un oficio dirigido al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, volvió a solicitar la información relacionada con las asesorías externas en el marco de la investigación por el pago del Congreso de informes que fueron copiados de internet. El primer requerimiento lo había realizado el 5 de septiembre, con el que no tuvo éxito.
El persecutor se encuentra solicitando la copia de los contratos de asesorías, y de los informes y reportes presentados entre 2011 y el 31 de agosto de 2017. En esta oportunidad, entregó un plazo de 15 días, de no cumplir con esto el Senado debería pedir una ampliación del plazo.
En el oficio Guerra plantea- según consigna La Tercera- la necesidad de “clarificar algunas de sus afirmaciones, las cuales pueden haber influido a su respuesta al Fiscal Nacional”, recordando de esta manera la respuesta que hace algunos días entregó la Cámara Alta al Ministerio Público donde afirmaron que no “accederían a lo solicitado en las condiciones requeridas” por “no ajustarse a la Constitución ni a la legalidad vigente”.
Además, el fiscal indicó que “los fiscales han actuado de conformidad a la Constitución y las leyes, fundando su requerimiento conforme al párrafo 2° del Código Procesal Penal que regula las comunicaciones entre autoridades, en específico el artículo 19 que regula los requerimientos de información, su contenido y formalidades, que se realicen a las autoridades y órganos del Estado”.
Asegurando que se debe “proporcionar sin demora la información que les fuere requerida por el Ministerio Público y los Tribunales con competencia en lo penal, sin que se les esté permitido un análisis de mérito del requerimiento”.
Por otra parte, afirma que “sólo se pueden negar cuando, conforme a la ley, lo requerido tuviere el carácter de secreto o pudiere afectar la seguridad nacional, ninguna cuyas hipótesis han sido esgrimidas para fundar su negativa a entregar información”.
Finalmente, Guerra enfatizó que la información requerida hace más de 20 días “es pública, ya que no existe norma legal que le dé carácter de secreta o reservada, conforme lo establece el artículo 8° de la Constitución Política de la República y la Ley 20.285 sobre Acceso a Información Pública”.