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La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) aplicó una millonaria multa a Metro, luego de iniciar dos procesos sancionatorios tras las denuncias presentadas por los vecinos y alcaldes afectados.

De acuerdo a lo informado por La Segunda, una de las denuncias corresponde a “ruidos molestos diurnos y nocturnos durante la construcción de las líneas 3 y 5“. Esto fue denunciado por “12 condominios, edificios”, junto a los “alcaldes de Providencia, San Miguel y La Reina desde 2013 a 2017”, año que se inauguró la Línea 6.

Sobre este proceso, la SMA concluyó este miércoles aplicar una multa de 1.006 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, 662 millones de pesos. Esta sanción se realiza tras una investigación del organismo en que se incluyó mediciones de ruido y fiscalizaciones.

Los cargos que a Metro por este caso son ocho: “Superación de normas de ruido, incumplimiento de medidas de mitigación de ruido en el sector de Plaza de Armas, problemas en procesos constructivos y hallazgos arqueológicos no avisado son algunos de ellos”, detalla el citado medio.

Mientras que, el otro proceso “fue por las vibraciones generadas por el paso del tren subterráneo de la Línea 6, que una las comunas de Cerrillos y providencia, inauguradas en 2017“, explica La Segunda.

La SMA recibió ocho denuncias por este último caso, constatando que “la normativa de vibraciones generaba un riesgo significativo para la salud de las personas y sancionó este lunes a Metro con una multa de 612 UTA, algo así como 403 millones de pesos“.

De esta forma, Metro recibirá multas que superarán los mil millones de pesos, por obras de construcción y la operación de las líneas 3 y 6.

Respuesta de Metro

Ante las saciones de la SMA, Metro señaló que están analizando las resoluciones y así responder a la brevedad a las autoridades.

Además, sostienen que han “cumplido permanentemente con la norma de vibraciones establecida en la Resolución de Calificación Ambiental“.

Finalmente, el transporte subterráneo de la capital tiene cinco días hábiles para reclamar ante el estamento ambiental o 15 días para apelar al Tribunal Ambiental de Santiago.

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