Para nadie es sorpresa que el 2023 no fue un buen año para Chile y los chilenos, debido principalmente a la falta de crecimiento, aumento de la violencia, de crímenes y delitos, salarios estancados, alza del costo de la vida, empeoramiento de las listas de espera, crisis del sistema particular de salud, falta de acceso a vivienda, entre otros.
Sin embargo, el pasado año tampoco fue uno particularmente bueno para el gobierno, pues tras cada punto que infructuosamente trataba de levantar en la opinión pública intentando señalar que algo bueno aparentemente habían hecho, permanentemente se encontraron con distintas piedras de tope, todas con un antecedente común: el 18 de octubre de 2019.
Comenzó el 2023 con una gran polémica en torno a los indultos concedidos a quienes cometieron delitos con ocasión del “Estallido Social” o “Revolución de Octubre” y, paradójicamente, terminó con otra polémica, esto es, la de las pensiones de gracia otorgadas a ese mismo grupo de personas.
Dicho inicio y término no es casual, pues constituyen grandes y graves actos de aprobación de la violencia y del terrorismo para obtener resultados a partir de un objetivo político determinado. Los hechos suscitados a partir del 18 de octubre de 2019, más allá de su supuesta espontaneidad, lo cierto es que los partidos y movimientos que públicamente lo apoyaron tenían un objetivo claro: derrocar al jefe de la República de la época y, con él, a toda la institucionalidad de los últimos 40 años que ha contribuido al crecimiento económico y al desarrollo en beneficio de las familias chilenas, pero que son muy criticadas por quienes detentan hoy el poder.
Al no lograr el objetivo planteado y estando en curso el momentum político inigualable del que gozaron tras el plebiscito y la abrumadora mayoría que ostentaban en la Convención Constitucional, optaron por abusar nuevamente de la vía democrática para hacerse del poder, mostrándose en una segunda vuelta como lo que no son y engañando al electorado con promesas vacías e imposibles de cumplir con tal de alcanzar La Moneda. Luego, al resultar victoriosos a finales de 2021, fue necesario agradecer a los “luchadores sociales” que, ciertamente, contribuyeron a que el Partido Comunista llegara por tercera vez en la historia reciente a La Moneda, primero con Allende, luego con Bachelet II y hoy con Boric.
Debe mencionarse que dicho agradecimiento no surgió el 11 de marzo de 2022 al asumir Gabriel Boric la máxima autoridad de la República. Al contrario, ya en la primera de tantas versiones de su programa de gobierno se encontraba el compromiso de “reparación integral” de las “violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social”, donde se encuentra el compromiso de que “el Estado asuma la responsabilidad económica correspondiente”.
Por lo tanto, esto demuestra que siempre la intención de la actual administración fue la de “premiar” la delincuencia acaecida el 18 de octubre y que declaraciones recientes como las del Subsecretario Monsalve, quien dijo que las pensiones de gracia constituyen un error “grave” que “nunca debería haber ocurrido”, no son representativas de la verdadera alma del gobierno. A lo sumo, representa una dura división entre la extrema izquierda y el resto de la fracturada coalición oficialista.
Sin embargo, a pesar de que al inicio de su mandato el Presidente, sus ministros y los partidos de gobierno tenían todo a su favor, ni siquiera el “peso de la noche” fue capaz de contrarrestar las constantes torpezas, “errores administrativos”, violaciones a la ley, circo constituyente, declaraciones incendiarias, desvíos de dineros, fundaciones truchas y un largo etcétera.
Así, cuando el gobierno intentó mantener su voluntad original de agradecer a quienes hicieron posible el mandato de Boric, ya era muy tarde: los chilenos, dando por superado el momentum de la insurrección de 2019, no sólo no perdonarían los indultos y las pensiones de gracia, obligando al Presidente a dar un paso atrás y revocar las pensiones graciosas, sino que se transformarían en errores imperdonables del Presidente que quedarán grabados en la historia nacional.
Esto se debe a que, con el tiempo, la opinión mayoritaria sobre ese periodo histórico y el ideario colectivo sobre los “presxs de la revuelta” ha dado un giro en 180°. Si antes eran considerados héroes y liberadores de la opresión neoliberal, hoy son vistos como un grupo de delincuentes ladrones, saqueadores, pirómanos y abusadores.
Por lo tanto, sin narrativa y sin el control de la opinión pública, desde el Gobierno seguramente consideran que su gran error, lejos de como señaló Monsalve, no fue otorgar las pensiones de gracia y los indultos, sino el no haberlo hecho durante el momento adecuado. De lo contrario, no se entienden opiniones oficialistas como las de Carmona, Presidente del Partido Comunista, que manifestó que acudirá a la CIDH para defender las pensiones revocadas.
Mas, su ideología les impide ver que, afortunadamente y en un ataque de sensatez, la impopularidad de esas medidas no se debe a un mal timing, sino a un profundo y creciente repudio popular a todo lo que significó el mes de octubre de 2019.
Y esto es una buena noticia, pues implica que las nociones de Estado de Derecho, Orden Público e Imperio de la Ley, quizás inadvertidamente, van ganando terreno en las mentes de los chilenos. Nociones que fueron casi extintas en Chile hace un par de años, y que son cruciales para poder hacer del país y de nuestra sociedad exitosos, que en orden y libertad otorgue oportunidades para todos y en igualdad de condiciones.
Rodrigo Meléndez Barrena. Investigador del Programa Política y Sociedad IRP