En los últimos días, hemos observado como un nuevo escándalo afecta la educación en el norte de nuestro país, cuando unos padres del Colegio Adolfo Beyzaga Ovando de Arica expresaron su preocupación por ciertos talleres de “Higiene y autocuidado” a sus niños de 8 a 10 años. Las molestias se explicaban porque sus hijos se vieron expuestos a material sexual explícito, no apto para niños de esa edad. Los padres indicaron que estas “clases” no les fueron informadas y muchos de sus hijos llegaron algo perturbados de la escuela.
Además, se les entregó un folleto con información y se les preguntó sobre su vida sexual (si habían tenido sexo oral, anal o vaginal e incluso les interrogaban si habían tenido eyaculaciones dentro de la boca).
Según una de las apoderadas, Daggery, muchos de los niños no quisieron asistir a la escuela al día siguiente y ella reportó ver a su hijo muy perturbado cuando le relataba lo sucedido. Junto a esto, la madre expresó su malestar, dado que la institución pasó a llevar la autoridad de los padres al llevar a personas externas para hacer estos “talleres” sin su consentimiento ni aprobación. En la conversación sostenida, Daggery expresó que “uno como padre les va explicando a sus hijos conforme ellos preguntan y van teniendo curiosidad”, haciendo alusión que a ella no le molestaba la educación sexual en sí misma, pero que este contenido había sido impuesto y demasiado explícito para un niño que aún no cumple los diez años.
Ante las quejas de los padres, los organismos les respondieron que según el artículo 1 de la Ley 20.418 “toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial”. Sin embargo, los apoderados argumentan que esta misma norma sostiene que el “contenido y alcance de la información deberá considerar la edad y madurez psicológica de la persona a quien se entrega” entre otras consideraciones.
Así como algunos apoderados expresaron, la educación sexual es importante y entregar información oportuna a un niño es necesario. Sin embargo, esto no puede sobrepasar a los mismos padres, quienes son los custodios principales de la integridad de los niños y, justamente, esta información debe estar dirigida al estadio cognitivo y emocional de los alumnos.
Sin duda, la educación sexual debe basarse en enseñar postulados científicos que aporten al autoconocimiento biológico, a la salud y a la autoprotección de la integridad física. Sin embargo, interrogar a menores sobre sus experiencias sexuales y exponerlos a contenido inadecuado para su edad, no está enfocado a la enseñanza sana y sensata de la sexualidad.
Esto explica que la reacción de los niños testificada por los apoderados es de perturbación, dado que se les expuso a contenido incomprensible para su nivel cognitivo, afectivo y psicológico. Es por esto, y a diferencia de la nueva cultura de total trasparencia en la educación sexual, es que esta debe ser impartida con delicadeza y en consonancia con el desarrollo del niño. Asimismo, es que se establece que la exposición de un niño a contenido sexual, medianamente explícito, ya es considerado un abuso.
Lo ocurrido es totalmente inaceptable y debe perseguirse desde ya este nuevo movimiento por entregar una “educación” sexual integral que se desvía totalmente del aprendizaje sano de la sexualidad. Existen movimientos que empujan por despojar a los padres de su responsabilidad y se les invisibiliza ante tales decisiones sobre la crianza e intimidad de sus propios hijos. Quienes motivan este tipo de prácticas no comprenden que se está sobrepasando todos los límites de la dignidad, libertad e integridad de dichas familias. Estas ideas fuerzan las fronteras de la perversión y transgreden todas las normas de la protección de la niñez, disfrazándose de un supuesto progreso en la integridad sexual. La lucha contra sus avances es urgente y debe ser implacable.
Columna escrita por Antonia Russi, Investigadora Fundación para el Progreso.