En los últimos meses, hemos sido impactados por las noticias de que en nuestro país se premia con generosas pensiones de gracia a delincuentes, con nuestros recursos públicos. La gravedad de este asunto empeora cuando nuestra élite política se escuda en explicaciones vergonzosas como la de la ministra vocera de gobierno, quien en su defensa de las “418 pensiones, 148 corresponden a la administración de Sebastián Piñera y 270 a la administración de Gabriel Boric”, y que de estas, “69 se identificaron que tenían antecedentes [penales] de distinta naturaleza”, según comunicó Vallejo. Lejos de aplacar las inquietudes, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, insiste en defender las pensiones de gracia, como una obligación del Estado con las víctimas, cuyos derechos humanos fueron atropellados. Así, Carmona argumenta que “si una persona tiene un prontuario, ha cometido un delito, enfrentó a la justicia, asumió la consecuencia del castigo que definió la justicia respecto a su conducta delictual, no tiene por qué tener una falta de protección”.
Además de asombrarnos por semejante delirio, lo interesante de analizar es la incomprensión absoluta de lo grave que puede ser el abuso del recurso de las pensiones de gracia, que si bien son necesarias, también son excepcionales. Para entender mejor, es importante comprender que el objetivo de las pensiones de gracia es indemnizar a alguien que por incapacidad no puede realizar labores remuneradas o bien, a quienes han prestado servicios especialmente meritorios en beneficio importante para el país. Claramente, este no es el caso y mientras se despilfarran recursos públicos para mantener a varios quienes hoy siguen delinquiendo, las autoridades siguen despojándose de toda real responsabilidad. De alguna manera, quienes defienden estas prácticas no comprenden su rol como miembros del Estado. Estos creen que pueden hacer y deshacer a su antojo, y no ponderan los profundos efectos de sus acciones.
La conducta del presidente y su gabinete no puede atribuirse simplemente a la inexperiencia o a la ignorancia. En realidad, parece ser el reflejo de un dilema más profundo: el de equilibrar la necesidad de mantener el apoyo de los sectores más radicales de su base política con las exigencias inherentes a la gobernanza de un país. Es por esto, que los impulsos autoritarios y voluntaristas de los miembros del gobierno son simples actos fallidos de un deseo que les ha sido imposible alcanzar: liderar al país.
El problema es que tanto el presidente como su equipo ministerial se han destacado por saber que ciertas cosas no pueden ser, pero hacen como si tuvieran una convicción contraria. Por esto, nada es grave para ellos, “nada es irrevocable”; creen que los verdaderos problemas son los que ellos decidieron que existían. Se cierran a cualquier opinión contraria, sea esta de algún simpatizante o no, no logran enjuiciar sus opiniones ni sus actos. Por esto pasan las cuentas y diversifican su responsabilidad. Esto es lo que Ortega y Gasset, en La rebelión de las Masas, denominaría el “régimen de acción directa” del hombre-masa, aquel que no tiene reales raíces de convicción y se deja llevar por las corrientes, lo que quizás explicaría los frecuentes cambios de opinión. A este tipo de hombre Ortega y Gasset lo denomina “el señorito satisfecho”, un tipo de hombre (y mujer) que “encuentra en sí una sensación de dominio y triunfo que le invita a afirmarse a sí mismo tal cual es, a dar por bueno y completo su haber moral e intelectual”. Estos hombres imponen sus convicciones y se niegan a que sus resultados indiquen el fracaso de sus ideas, porque de alguna manera se sienten la generación legítima de jóvenes “herederos de la civilización”.
De alguna manera, se resisten a aceptar sus errores para la siguiente vez actuar desde la razón y conforme a lo que la realidad política les exige. Actúan desde la impulsividad ideológica o desde la búsqueda de valoración popular. No han logrado mantenerse estables en una postura acorde con la institucionalidad, sino que van navegando entre eslóganes llamativos y actos frívolos para luego cambiar, dramáticamente, a un intento de posturas que detenten dignidad. Obstruyeron cualquier tipo de solución y avance cuando fueron oposición, pero ahora toman las mismas políticas y las presentan como genialidades propias. Y es en esta escenificación, ya agotadora, que no han logrado el único objetivo que sí se propusieron con convicción: liderar.
Antonia Russi, Investigadora Fundación para el Progreso.