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Este martes la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en particular el proyecto de Ley Pro Inversión I, que busca disminuir la burocracia estatal para facilitar las inversiones en el país y permitir así la creación de nuevos puestos de trabajo.

La iniciativa, en segundo trámite constitucional, es impulsada por el Ministerio de Economía y establece un conjunto de modificaciones legales que tienen como objetivo reducir trámites y plazos para el establecimiento de proyectos de inversión, otorgando mayor certeza jurídica.

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, se mostró satisfecho con la aprobación del proyecto y que permitirá “derribar barreras que obstaculizan el avance de distintos proyectos de inversión y los proyectos de inversión son un motor clave en el desarrollo del país, en la creación de oportunidades de empleo y de oportunidades para emprender, de manera que, derribando esas barreras, nosotros estamos poniendo en marcha una cantidad de proyectos de inversión que son necesarios para que Chile vuelva a desarrollarse”.

Dentro de las medidas que contempla la iniciativa están mejoras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la creación de una plataforma web para tramitación en la Dirección General de Aguas, la extensión a dos años de las patentes comerciales provisorias entregadas por municipios, trámites en línea a través de la plataforma digital de la Dirección de Obras Municipales, entre otros aspectos.

En cuanto a plazos, el proyecto busca reducir en seis meses la aprobación ambiental de los proyectos privados. Hoy día, la obtención de permisos sectoriales en las distintas agencias del Estado demora en promedio 2,5 años (27 meses), por lo que, si se aprueban los cambios legales propuestos, dicho proceso se reduciría a 24 meses. Actualmente, la duración promedio completa de los trámites para materializar una inversión se sitúa entre 4 y 5 años.

La iniciativa además contó con la aprobación de artículos que permiten la externalización de servicios de revisión con el fin de reducir la duración de los tiempos de tramitación de los proyectos, y modificar al procedimiento de denuncia de obra nueva, todo con el fin de otorgar mayor certeza jurídica.

Tras la aprobación de la Comisión de Hacienda, el proyecto ahora quedó listo para ser discutido en particular por la Sala del Senado.

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