Este jueves, el Tribunal Constitucional escuchará los alegatos y revisará los recursos de inaplicabilidad del Decreto de Ley 3.500, presentados por dos jubiladas que solicitan retirar sus ahorros de las AFP.
Los recursos son presentados por María Angélica Ojeda y Beatriz Valenzuela, una profesora antofagastina y una técnico en enfermería de Punta Arenas que han solicitado sus fondos para actividades específicas.
Ojeda, recurrió al tribunal de alzada de la ciudad, luego de que AFP Cuprum se negara a devolverle sus fondos previsionales para pagar deudas habitacionales que asegura no puede costear con 185 mil pesos de pensión.
En su caso, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
El fallo del TC estableció que “de conformidad a lo prescrito en la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, se conferirá traslado por veinte días a las partes de la gestión que se sigue ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados para que, si así lo estiman, se pronuncien respecto del conflicto de constitucionalidad expuesto por la Corte requirente”.
En el caso de Valenzuela, la AFP Habitat le negó la posibilidad de retirar su dinero, por lo cual recurrió al tribunal de alzada de Punta Arenas.
La corte presentó el recurso en octubre pasado, que fue acogido a trámite por el TC, y que hoy fue declarado admisible, sumándose así a lo resuelto ante el requerimiento de una profesora de Antofagasta.
La abogada laboralista y representante del movimiento NO+AFP, Javiera Aravena, insistió que esos montos pertenecen a las personas, teniendo sobre ellos un derecho de propiedad.
Ambos casos serán revisados en conjunto por el Tribunal Constitucional, en una audiencia en la que se esperan exposiciones de las defensas de las jubiladas, de las AFP y del Gobierno, estos últimos dos rechazan los argumentos de las jubiladas.
Agencia Uno