La redacción de una nueva Constitución en Chile generará incertidumbre hasta su conclusión en 2022 y podría afectar “negativamente” tanto al sentimiento de los inversores como a las tendencias del gasto público, según ha señalado la agencia calificadora Moody’s.
La firma considera que la introducción de cambios institucionales importantes en el nuevo texto constitucional es poco probable, ya que existe un amplio apoyo público para preservar elementos clave del modelo económico de Chile, como es el mercado libre, los derechos de propiedad privada y un banco central independiente.
“Observamos que el resultado del proceso reflejará las opiniones de la mayoría del órgano constitucional porque al menos dos tercios de los miembros redactores son necesarios para aprobar la constitución“, apunta Moody’s.
Sin embargo, la agencia explica que existe el riesgo de que la convención constitucional pueda establecer prioridades políticas en la redacción del texto. De su lado, la calificadora observa varios riesgos en materia de gasto público e intervención estatal en la economía.
De este modo, Moody’s cree que la convención podría impulsar el gasto para expandir significativamente los derechos sociales garantizados, una medida que aumentaría materialmente gasto del gobierno por mandato constitucional.
“A su vez, la convención podría definir un papel más activo del Gobierno en la economía, lo que puede conducir a un aumento sustancial de las regulaciones que tendría un efecto perjudicial sobre la inversión privada y competitividad”, argumenta.
La agencia también considera que la redacción de una nueva Constitución canalizará el descontento social del país de manera institucional, lo que ayudará a abordar demandas que han sido fuente de protestas persistentes, aunque, sin embargo, presenta riesgos a medio plazo.