Agricultores, dirigentes sociales y regantes de la zona asistieron ayer a la charla “Modificación al Código de Aguas”, dictada por Richard Montecinos, abogado de la Dirección General de Aguas (DGA), acompañado por el director regional de la entidad, César Saavedra.
La actividad fue organizada por Indap y la Gobernación de Ñuble. En la instancia, el profesional se abocó a describir las características de los cambios propuestos al cuerpo legal y a responder los cuestionamientos que han surgido durante su tramitación en el Parlamento, afirmando que “la discusión se ha vuelto dogmática y jurídica”, en alusión a las críticas de las organizaciones de usuarios de aguas y de los gremios agrícolas, quienes han calificado los cambios como “expropiatorios”, por modificar el carácter perpetuo de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, una argumentación que fue rechazada por Montecinos, quien precisó que “la reforma no es expropiatoria, no tenemos ninguna intención de expropiar derechos”, a lo que agregó que el carácter de los derechos ya constituidos no se tocará, sino que solo los nuevos derechos serán otorgados por 30 años.
“No queremos quitarle el derecho a los agricultores, ellos no corren ningún riesgo”, sostuvo el abogado, haciendo la salvedad que uno de los objetivos que se persiguen es combatir la especulación, aumentando el monto de las patentes por no uso de los derechos e introduciendo un mecanismo que permitirá caducar los que no se usen. “Queremos fomentar el uso eficiente del agua, no queremos tener derechos muertos”, aseveró.
Sin embargo, la excepción está dada por la reserva de aguas para un uso determinado en caso de afectación de un acuífero y también en aguas superficiales, en que se podrá prorratear las aguas.
Lo anterior está relacionado con la priorización del consumo humano por sobre los demás usos, a partir de la base de que el agua es un bien nacional de uso público. “Queremos priorizar el consumo humano, no solo en el otorgamiento de derechos, sino en las limitaciones a otros derechos”, apuntó Montecinos.
Además, la normativa obligará a inscribir los derechos en el Conservador de Bienes Raíces y da un plazo de 15 meses para que los usuarios regularicen sus derechos, “para que nosotros podamos tener la información sobre los derechos constituidos, sobre el caudal que se consume, porque esa información hoy no la tenemos, y está dispersa; eso nos permitirá hacer una mejor gestión del recurso”, explicó.
Dos proyectos
Actualmente se tramitan en el Senado dos proyectos de ley complementarios que modifican el Código de Aguas. Por un lado, el boletín 7543-12, que reconoce al agua como un bien nacional de uso público y prioriza su uso para el consumo humano, en un contexto de cambio climático que ha alterado la disponibilidad de agua en el país. También se busca equilibrar los usos productivos con la preservación de los ecosistemas, con disposiciones sobre acuíferos subterráneos y caudales ecológicos.
El 22 de noviembre de 2016 la Cámara de Diputados aprobó este proyecto, sin embargo, tras escuchar las opiniones de distintos actores, en abril pasado el Ejecutivo le introdujo indicaciones que recogieron algunas aprensiones de los regantes. Actualmente, se discute en particular en la comisión de Recursos Hídricos.
Por otro lado, el boletín 8149-09, que busca mejorar la transparencia de la información, aumentar las facultades fiscalizadoras de la DGA y reformar el sistema de sanciones. Este proyecto fue despachado por la Cámara de Diputados en 2012, pero en 2016 el Ejecutivo también le introdujo indicaciones. En marzo pasado fue aprobado en la Comisión de Recursos hídricos del Senado.
Fuente: La Discusión