El golpe a las inversiones: Expertos y empresarios sostienen que este conjunto de normas en torno al agua generará un frenazo a la actividad económica.

En la Sociedad Nacional de Agricultura (SNSA), que ya advirtió que se necesitarán US$ 20 mil millones para pagar por una eventual expropiación, han planteado que el fin de los derechos de aprovechamiento afectará a más de 2 millones de empleos directos e indirectos en la agricultura. “Todo esto genera un enorme desincentivo a trabajar en agricultura, que necesita certezas como tener tanto físicamente como jurídicamente el agua. De hecho, la inversión en el agro se ha ralentizado en los últimos años, porque no hay certeza de disponibilidad de agua y si a eso se le suma la incerteza jurídica, en que va a depender de un funcionario público que defina cuándo y dónde se debe producir, es un desincentivo absoluto para todos los agricultores del país”, dijo en marzo el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte, luego del despacho de algunas de estas normas en la comisión.
Cómo afectará a los pequeños agricultores: El fin de los derechos de aprovechamiento también afectará a miles de agricultores, varios de ellos pequeños productores que invirtieron en la compra de estos derechos para poder asegurar su regadío u obtener créditos.
“Esto es de tal impacto y profundidad que puede llegar a impactar a más de dos millones de personas (…), además de los pequeños campesinos que dependen de sus derechos de agua”, alertó entonces Matte. En la banca coinciden en que hoy los derechos de agua son usados por pequeños productores como garantía para conseguir créditos. El ex director de la Dirección de Aguas, Rodrigo Weisner, sostuvo que al no contar con el derecho de dominio sobre sus derechos de aguas, los agricultores sólo tendrán una simple autorización temporal que no les permitirá acceder al financiamiento bancario.
 Modificaciones recién aprobadas: El 12 de enero el Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas de 1981, reforzando el carácter de bien público del agua y consagrando una nueva regulación. Las normas fueron aprobadas en forma unánime por el Senado, tras 11 años de tramitación.