Afirman que el cambio en el uso de suelo no ocurre durante la autorización del SAG a las subdivisiones de predios.
Hace casi un mes, el Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para suspender la tramitación de todas las solicitudes de subdivisión de predios rústicos en que se sospeche que el suelo no será destinado a uso agrícola.
En respuesta, actores de la industria se lanzaron en contra de las autoridades acusando ilegalidad en esta medida. En esa línea, a principios de agosto un grupo de empresas constituyó la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA), organización que ahora presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, el subsecretario José Guajardo, y los directores nacionales del SAG, Andrea Collao y Rodrigo Astete, según consignó Diario Financiero.
Parcelas de Chile junto a las inmobiliarias Mon Mapu, Ranquilco Sur y Terramar, argumentan que el oficio del Minagri carece de motivación, que la ilegalidad de la medida ha sido reconocida por las propias autoridades y que el cambio de destino del uso de suelo no se produce durante el trámite de solicitud de subdivisión.
‘Consideramos arbitraria e ilegal y está siendo impugnada desde distintas instituciones, por un lado ante la Corte de Apelaciones y la Contraloría General de la República y, por otro lado, mediante el Congreso’, donde ‘existen proyectos de ley en tramitación que buscan regular la actividad, no prohibir’, afirma Óscar Gajardo, de Cuadra Gajardo Asociados, estudio legal que interpuso el recurso de protección. Las inmobiliarias sostienen que las autoridades actúan ‘al margen de la normativa legal que regula hace más de 40 años el derecho de todo propietario de un predio a subdividirlo, lo que no implica, en la práctica, una alteración material en la aptitud del suelo, sino solo una abstracción jurídica’.
El gremio argumenta que el oficio del Minagri carece de fundamentos y que se funda sobre premisas erradas, puesto que el cambio en el uso de suelo, dicen, no se produce en el trámite de subdivisión.