La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad presentado por el guionista Sergio Andrés Díaz Mora y ordenó repetir el juicio oral por infracción a la ley de propiedad intelectual, por el plagio de la teleserie “Veinteañero a los 40”.
La Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso deducido por la defensa de Díaz, tras establecer que la sentencia recurrida se adoptó con infracción al debido proceso, ordenando al Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados.
En el fallo unánime se establece que “resulta agraviante para el debido proceso que el tribunal concurra a suplir o corregir deficiencias de los litigantes, sumando a su cometido de órgano jurisdiccional objetivo e imparcial, una actividad ajena al mismo, particularmente cuando se trata de la incorporación de oficio de información que debió ser producida legalmente en el proceso por quien pretende servirse de ella”.
Además, se agrega que “emerge así una especie de ‘subsidio procesal’ brindado por el juez en beneficio de la posición de una de las partes, pues suple las omisiones de ella, conducta totalmente contraria a la garantía de la imparcialidad del juzgador, y que en los hechos priva a aquel que queda en situación desventajosa de la igualdad de armas, producto de las indagaciones de oficio y de resolver en base a ellas”.
En la misma línea, el texto señala que “luego de revisar las preguntas aclaratorias formuladas principalmente por una de las juezas y que se encuentran reproducidas en el recurso, concluye que más que procurar precisiones de dichos se trató de un nuevo interrogatorio respecto a dos testigos de la defensa, encaminado o dirigido a establecer un punto propio de la teoría del caso del acusador, esto es, establecer identidad entre las obras artísticas en contraposición, lo que puede ser tolerado tratándose del contraexamen de la contraria pero en caso alguno si proviene de un miembro del tribunal”.
Finalmente, se sentencia que “el Tribunal Oral en lo Penal incurrió en una violación de las garantías constitucionales que aseguran el respeto al debido proceso”.