La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo estar “profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia en Venezuela”.
En comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile manifestó que “en el contexto de la última oleada de protestas en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de DDHH y abusos cometidos por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, incluidos el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos bajo custodia, amenazas e intimidaciones”.
La oficina liderada por Bachelet investiga 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y 37 ocurridas en enero.
“La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada”, detalló.
Las conclusiones de su informe están basadas en la recopilación hecha por la misión de la ONU enviada a Venezuela y que actualmente se encuentra el país, por lo que pidió al régimen de Maduro que permite un total acceso a los lugares que el equipo necesite realizar visitas. Además, pidió que no hayan represalias contra las personas entrevistadas.
Dentro de las preocupaciones de la Alta Comisionada también están las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela, ya que estas “puedan contribuir a agravar la crisis económica”.