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Agencia Uno
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La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves un nuevo informe sobre los derechos humanos, que incluyó la evaluación de Nicaragua, Crimea y Venezuela. 

Sobre este último país, la expresidenta Chilena afirmó que “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud”.

Esto último, “se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia de la COVID-19“.

Además, indicó que su oficina “siguió documentado restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”.

Bachelet reconoció la disminución de la tasa de homicidios en 2019, “aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad”.

“El Gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión. Aunque reconozco la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, así como alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe“, expresó.

“Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento“, añadió.

Por último, la alta comisionada dijo que lamenta que los actores políticos no encuentre una solución negociada a la crisis política del país. “Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos“, señaló.

Este informe fue entregado gracias al acceso de la oficina de la ONU en Venezuela, por lo que se valoró la cooperación  desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019.

“Agradezco al Gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Valoro positivamente el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad”, dijo la representante de los DD.HH.

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