El gobierno de Nicaragua, por medio del Ministerio de Gobernación, dio cierre a siete universidades privadas, por lo que el número de casas de estudios superiores ilegalizadas alcanzan las 14 en solo dos meses.
De los establecimientos educacionales, cuatro eran originarios de Estados Unidos, dos de Costa Rica y uno de Panamá, los que estaban registrados como organismos sin fines de lucro, según indicó el Diario Oficial La Gaceta.
La decisión de clausurar las instituciones se debió al incumplimiento de sus obligaciones al no reportar, “por más de diez años”, estados financieros, ni dado a conocer las juntas directivas de sus países de origen, ni las donaciones provenientes del exterior ante el Departamento de Asociaciones.
Los establecimientos educacionales clausurados de Estados Unidos son: Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University y la Corporación Universidad de Mobile.
Las de origen costarricense son la Asociación Universidad Thomas More (UTM) y la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (Ucem) y por último, la de origen panameño es la Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado.
El Ministerio informó que las universidades que fueron clausuradas deben entregar, en un plazo de máximo 72 horas desde la emisión de la medida, todos los documentos sobre sus liquidaciones, así también como sus libros de contabilidad.
Solo el pasado miércoles la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, ya había ilegalizado otras cinco universidades a petición de la Gobernación. El órgano Legislativo justificó su actuar debido a que las instituciones incumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control.
En cuanto a los estudiantes, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) prometió que estos no se verán afectados en sus carreras o títulos y se comprometió a que estos serán beneficiados con aranceles más bajos, una vez inscritos por el sistema educativo del gobierno.
Desde el año 2018 el gobierno suma la cantidad de 87 entidades locales ilegalizados, además de el cierre de seis ONG, tres estadounidenses y tres europeas, a petición del Ejecutivo.
Esto provocó un estallido por la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de dicho año. La situación dejó 355 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).