La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha lamentado este martes la “profunda crisis” que golpea Birmania, la cual se ha acrecentado a raíz del golpe de Estado de febrero de 2021, y ha denunciado el uso de métodos “brutales” y “sistemáticos” por parte de la junta militar.
Bachelet, que ha alertado de que se han formado cientos de grupos de resistencia armada en todo el país, ha señalado que la violencia se ha extendido a muchas más zonas que antes de la asonada militar. Así, la situación de los Derechos Humanos ha empeorado significativamente, según ha indicado en un comunicado.
La que fuera presidenta de Chile ha lamentado que la crisis humanitaria siga expandiéndose y ha matizado que la economía está “al borde del colapso” mientras unas 14 millones de personas presentan necesidades en materia humanitaria.
La ONU ha alertado, además, de que la escasez de alimentos aumentará durante los próximos meses. Además, ha defendido que las manifestaciones contra la junta militar se han llevado a cabo de forma pacífica.
No obstante, el Ejército ha hecho frente a las voces disidentes mediante el “uso letal de la fuerza, arrestos arbitrarios en masa y el uso de la tortura”. Desde principios de 2021, medio millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, de las cuales unas 15.000 han tenido que salir del país.
“Se han producido respuestas militares desproporcionadas a la resistencia armada con particular ferocidad en las regiones de Sagaing y Magway, así como en los estados de Chin, Kachin, Kayah, Kayin y Shan. Las fuerzas birmanas han atacado tanto a los grupos de resistencia armada como a los civiles con helicópteros y el uso de fuerza indiscriminada. Además, han empleado la llamada estrategia de “cuatro cortes” para castigar a las comunidades locales por su supuesto apoyo a los elementos armados”, ha explicado Bachelet.
En este sentido, ha alertado de que también se han registrado ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura. “Se trata de operaciones parecidas a las empleadas en el estado de Rajine en 2016 y 2017”, ha dicho.
“Sigo sumamente preocupado por la seguridad y los derechos de los defensores de los Derechos Humanos y otros actores de la sociedad civil. Prácticamente no queda espacio cívico en todo el país. La intensa vigilancia, incluso por medios digitales, aumenta el peligro para los activistas en todas las áreas controladas por militare”, ha matizado.
La situación, a su vez, se ha recrudecido para la población rohingya, una “población perseguida durante décadas”, según ha recalcado. “Se les niega la libertad de movimiento y el acceso a servicios”, ha manifestado.
Por ello, ha hecho un llamamiento para que los responsables sean llevados ante la Justicia y se ponga fin “cuanto antes” a la crisis en Birmania. “Tiene que haber un camino político para restaurar la democracia”, ha zanjado.
Agencia Uno/ EP