“Los votantes deben rechazar el nuevo proyecto de Constitución de Chile“, es el título de una columna publicada este miércoles en el medio internacional The Economist, argumentando que la propuesta de nueva Constitución es “absurdamente largo” y también “fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista“.
La publicación señala que “la antigua Constitución de Chile no era perfecta” e indica que “ha sido enmendada casi 60 veces”.
“Pero comparada con la que se propone sustituir, es un modelo de claridad. Y lo que es más importante, el antiguo proyecto de gobierno funciona. Desde que se restauró la democracia, Chile ha sido un éxito latinoamericano. El PIB por persona se ha triplicado desde 1990 y la pobreza ha disminuido”, dice la columna.
También la revista con sede en Reino Unido señala que “para ser justos, omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea, dominada por los izquierdistas. Entre ellas, la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del PIB) y la supresión de la Cámara Alta“.
Sin embargo, apunta que “algunas ideas son loables. El documento exigiría la devolución de algunas competencias a las regiones, y daría a los indígenas el derecho a ser enseñados en sus propias lenguas en las escuelas”.
Pero, agrega, que “en general” la propuesta de nueva Constitución “es un embrollo confuso, lleno de un lenguaje impreciso que garantiza más o menos décadas de disputas sobre lo que realmente significa”.
“El documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la Constitución actual. Da a los sindicatos el derecho exclusivo a representar a los trabajadores, les garantiza la participación en la toma de decisiones de las empresas y les permite hacer huelga por cualquier motivo, no sólo los relacionados con el trabajo”, alerta la publicación inglesa.
“Los controles legales de frenos y contrapesos del gobierno se diluirían. Un nuevo consejo tendría poder sobre todos los nombramientos judiciales; anteriormente el Tribunal Supremo, el presidente, el Tribunal de Apelaciones y el Senado tenían un papel. El proyecto modifica el proceso presupuestario al otorgar al Congreso nuevos poderes para proponer proyectos de ley de gastos”, prosigue la revista.
Asimismo, continúa con que los chilenos “en lugar de desechar la vieja Constitución“, se debería “desechar la nueva” y señala que “cuando el proyecto se someta a referéndum en septiembre, deberían rechazarlo“.
“La constitución actual se mantendría, y el Congreso mantendría el poder de revisarla gradualmente, por ejemplo para facilitar la construcción de un fuerte Estado de bienestar. Este enfoque puede sonar poco inspirador para quienes salieron a las calles en 2019 y 2020. Pero a largo plazo es mucho más probable que haga que Chile sea próspero y gobernable”, concluye.