La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este sábado que un manifestante iraní ha sido sentenciado a muerte y otro corre ya peligro inminente de ejecución en el marco de los procesos judiciales abiertos por las autoridades iraníes contra los detenidos en las protestas contra la muerte de la joven Mahsa Amini.
El manifestante sentenciado ha sido identificado como Sahand Nurmohamad-Zadeh, condenado por “derribar barandillas de carreteras y prender fuego a cubos de basura y neumáticos” con el objetivo de “perturbar la paz y enfrentarse al Estado Islámico”, según informa la sección iraní de Amnistía en su cuenta de Twitter.
Amnistía denuncia que la sentencia de muerte contra Sahand Nurmohamad-Zadeh fue dictada tras un “simulacro de juicio exprés”, menos de dos meses después de su detención el 23 de septiembre, en la segunda semana de las protestas.
Su abogado subrayó ante el tribunal que las imágenes utilizadas como prueba no lo muestran prendiendo fuego a contenedores de basura o derribando barandillas.
Asimismo, Amnistía entiende que las autoridades iraníes se están preparando para ejecutar al manifestante de 22 años Mahan Sadrat Madani solo un mes después de un juicio manifiestamente injusto ante un Tribunal Revolucionario en Teherán el 3 de noviembre.
El detenido ha sido trasladado este sábado a la prisión de Raja’ai Shahr en Karaj, “lo que genera la preocupación de que su ejecución es inminente”, avisa Amnistía.
El manifestante ha sido condenado a muerte por supuestamente usar un cuchillo para atacar a una persona, incendiar una motocicleta y dañar un teléfono móvil. Durante su comparecencia, Sadrat Madani negó repetidamente haber atacado a nadie.
Ambas sentencias, lamenta Amnistía, suponen “un atentado terrible contra el derecho a la vida y una flagrante violación del derecho internacional que prohíbe el uso de la pena de muerte por delitos que no impliquen homicidio doloso”.
La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la semana pasada que más de 300 personas han muerto desde el inicio de las protestas contra la muerte bajo custodia de Amini, presuntamente por llevar mal puesto el velo, en el que supuso el primer balance oficial desde el inicio de las movilizaciones. La cifra es inferior a la facilitada por ONG, que apuntan a más de 400 muertos a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.