El Gobierno israelí ha criticado el inicio de las audiencias de vistas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las “consecuencias legales” de las políticas de Israel en los Territorios Ocupados Palestinos y ha aclarado que “no reconoce la legitimidad” de estos procedimientos, asegurando que con ellos la Autoridad Palestina busca imponer un discurso político.
“Son un esfuerzo diseñado para violar el derecho de Israel a defenderse frente a amenazas a su existencia”, ha señalado el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado en el que ha señalado que tanto el Gobierno como el Parlamento “están unidos” al rechazar esta “inaceptable” iniciativa.
Netanyahu considera que las vistas que han comenzado este lunes “forman parte del intento palestino para dictar los resultados de una resolución diplomática sin negociaciones”.
También se ha expresado en la misma línea el Ministerio de Exteriores de Israel que por boca de un portavoz, Lior Haiat, ha acusado a la Autoridad Palestina de intentar llevar el conflicto palestino-israelí a “un proceso legal sesgado e impropio” con el objetivo de generar “una narrativa extremista y distorsionada”.
“Al presentar acusaciones falsas y crear una realidad distorsionada, la Autoridad Palestina intenta convertir un conflicto que debió resolverse a través de negociaciones directas y sin imposiciones externas a un proceso legal sesgado e impropio diseñado a adoptar una narrativa extremista y distorsionada según la cual los palestinos no tienen responsabilidades e Israel no tiene derechos, lo que no tiene nada que ver con la Justicia”, ha sostenido el portavoz.
Así, ha afirmado que “el intento de la cúpula palestina de transformar el sistema internacional en una herramienta política para atacar a Israel daña tanto la confianza global en el sistema legal internacional como las oportunidades de lograr una resolución al conflicto”, antes.
“Durante años, la cúpula palestina ha rechazado las negociaciones directas para resolver el conflicto mientras azuzaba la incitación al terrorismo, promovía el antisemitismo y daba incentivos financieros a los terroristas que asesinan judíos”.
“Todo esto ha sido ocultado al tribunal (en referencia a la CIJ) en las preguntas distorsionadas y sesgadas presentadas por la Asamblea General (de la ONU), que actúa para predeterminar los resultados de los procedimientos sin importarle los principios básicos del Derecho Internacional y el marco legal que se aplica al conflicto”, añadió Haiat.
Por ello, ha pedido a la CIJ que “evite participar en este circo mediático y determine que los palestinos deben volver a los marcos legales existentes para resolver el conflicto a través de negociaciones directas entre las partes”, según un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X.
Haiat ha sostenido además que “los que piden una retirada unilateral de Israel de Judea y Samaria -nombre bíblico de Cisjordania, usado por las autoridades israelíes para referirse a este territorio- sin condiciones previas y sin negociaciones, piden otra masacre de ciudadanos israelíes”, en referencia a los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Por último, ha hecho hincapié que el grupo palestino cometió una “masacre que sorprendentemente no fue mencionada en absoluto por los palestinos en sus deliberaciones”, y ha recordado que “terroristas de Hamás masacraron, ejecutaron, asesinaron y violaron de forma sistemática y con premeditación a más de 1.200 ciudadanos del Estado de Israel”.
La CIJ ha abierto este lunes sus vistas en torno a la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre su opinión en torno a las “consecuencias legales” de las políticas de Israel en los Territorios Ocupados Palestinos, en las que no participará el Gobierno israelí.
Los procedimientos han arrancado con una intervención del ministro de Exteriores palestino, Riad al Maliki, quien ha denunciado las décadas de “impunidad” de Israel y ha reclamado al tribunal que ordene el fin “inmediato” de la ocupación.
Es la segunda vez en la que la CIJ, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene que pronunciarse sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. La primera vez tuvo lugar en 2004, cuando falló que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania ocupada violaba el Derecho Internacional y pidió su derribo, si bien sigue en pie.