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En el marco de la ceremonia de inauguración de la 87ª versión de la EXPOSOFO 2017, que se realiza en Temuco, el presidente la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, junto al vicepresidente de la SNA, José Antonio Galilea; el director del gremio, Gastón Caminondo; y el secretario general, Juan Pablo Matte, se reunieron con Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio de agricultores fallecido en un ataque incendiario ocurrido en Vilcún en enero de 2013.

“El objetivo de la cita fue manifestarle que como gremio compartimos su frustración, dado que a cuatro de ocurrido este lamentable crimen aún no se determinen todos los responsables. También nos pusimos a su disposición para apoyarlo en los próximos pasos que den como familia para conseguir la justicia que tanto anhelan”, explicó Ariztía.

“Esperamos que tras las elecciones se dé espacio real al diálogo y una discusión profunda, en la que se acojan los aspectos que preocupan a todos los agricultores del país; pequeños, medianos y grandes”

A su vez y ante los socios de la SOFO, el presidente de la SNA recordó que “hemos planteado a autoridades de Gobierno, tanto a la Presidenta de la República como a sus ministros, que no es posible que los habitantes de la Araucanía perciban que están bajo permanente amenaza, sintiendo el abandono por parte del Estado. Es tiempo de avanzar hacia acciones concretas que permitan sacar este conflicto histórico de la trinchera en el que se encuentra”.

Ariztía también reiteró las aprensiones del sector a la reforma del Código de Aguas, que se encuentra en pausa legislativa durante el período eleccionario. “Esperamos que tras las elecciones se dé espacio real al diálogo y una discusión profunda, en la que se acojan los aspectos que preocupan a todos los agricultores del país; pequeños, medianos y grandes”, sentenció.

El líder del agro planteó que, de aprobarse el proyecto tal como está planteando, “los derechos de aprovechamiento requeridos serán temporales y, por lo tanto, menos seguros para realizar inversiones agrícolas. Esto claramente es un desincentivo a la futura agricultura, que no estamos dispuestos a transar. Los nuevos derechos serán más rígidos que los actuales, lo cual creará ineficiencias al sistema y promoverá la judicialización”.

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