Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la Subsecretaría de Educación no tendría un control respecto de los requisitos que los jóvenes deben tener para acceder a la gratuidad universitaria.
Según informó El Mercurio, la base de datos que maneja el organismo “es incompleta o errónea, debido a que no contiene todos los antecedentes sobre los títulos otorgados con anterioridad a 2007″.
En dicho contexto, la Contraloría indicó que 86 personas que tenían un título profesional recibieron el beneficio con un costo de 204 millones de pesos.
Al respecto, la subsecretaría indicó que la “información relativa a los títulos, utilizada para la asignación, fue actualizada con distintas fechas, entre el 2015 y agosto de 2016”, agregando que los datos se actualizan con “la temporalidad con la cual se actualiza la información de títulos que proporcionan las instituciones de educación superior al Registro Civil y la oportunidad con que dicha información se requiere para procesar la asignación de beneficios”.
Asimismo, se indicó que “se verificó la existencia de alumnos regulares por un semestre que fueron beneficiados por el año completo”, hecho que ocurrió en la Universidad Católica de Valparaíso y en la U de Concepción.