Los senadores PPD, Guido Girardi y Adriana Muñoz, manifestaron su preocupación ante las diversas señales que indicarían las intenciones de reflotar el proyecto minero-portuario Dominga que pretende levantarse en la comuna La Higuera de la región de Coquimbo. “En caso de revertirse su rechazo acudiremos a la Corte Suprema y todas las instancias internacionales necesarias”, afirmaron.
Ambos manifestaron estar altamente preocupados por la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del actual gobierno que, hace dos días, optó por “parcializar” el Área Marina Protegida de Múltiples Propósitos (Ampm) en la zona costera de La Higuera, dejando fuera de resguardo al lugar dónde la empresa minera Andes Iron pretende construir una planta desalinizadora y un puerto para embarcar la producción de hierro y cobre que producirían dos minas a rajo abierto levantadas al interior.
A ello se suma las declaraciones de José Ramón Valente, futuro ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, que calificó de “interesante” el proyecto minero-portuario, así como el llamado a conciliación hecho por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, entre la empresa Andes Iron y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo que debería resolverse el próximo 14 de marzo.
En tanto, la senadora Muñoz señaló que “desde hace 14 años, junto a científicos, técnicos y las comunidades de pescadores artesanales trabajamos y presentamos una solicitud de Área Marina Protegida de Múltiples Propósitos que es un instrumento ordenador y planificador de las actividades productivas que se realicen en un sector del océano”.
La parlamentaria agregó que “nosotros planteamos un área total de protección, pero el Consejo decidió parcializar el área solicitada. Se protegió la zona norte donde está isla Dama, Isla Gaviota, pero quedó desprotegida Caleta Horno, Totoralillo Norte, Chungungo, Isla Choros, Punta de Choros y Chañaral, que es una zona de gran diversidad en especies vulnerables y dónde está la mayor oferta de producción para la pesca artesanal y que es donde la empresa pretende construir el puerto de Dominga”.
Muñoz aclaró que “en la región de Coquimbo ya existe el puerto Los Vilos, vinculado a la actividad minera de Pelambres, el puerto público-privado de Coquimbo y dos puertos más solicitados: Cruz Grande de CAP que ya está aprobado pese a estar muy cercano al área protegida, y Totoralillo que es el puerto solicitado por Dominga”.
A juicio de la senadora lo que está detrás de la construcción de los puertos “es satisfacer la gran demanda que habrá, en unos años más, cuando se abra el túnel Aguas Negras y se complete el corredor bioceánico desde Porto Alegre a Coquimbo”.
Por su parte, el senador Girardi afirmó que “enfrentamos un lobby profundo, complejo, diverso y transversal. El mundo científico y técnico señala (se adjunta carta) que se deben proteger 1.369 km2 que van desde Punta Zorro, Isla Dama y la Reserva de Pingüinos de Humboldt, hasta una zona que es calificada como uno de los 10 lugares más importantes del mundo a nivel marino”.
Afirmó, además, que “no tenemos ningún problema con la minera Dominga si es que utilizan los puertos de Coquimbo o de Huasco que ya existen, pero insisten en construir otro puerto sólo para maximizar sus utilidades y obtener mayor rentabilidad con un futuro negocio encubierto”.
El parlamentario PPD también cuestionó la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de llamar a un proceso de conciliación, “lo que incrementará la deslegitimación de la institucionalidad ambiental, porque la contraparte de Andes Iron no será la sociedad organizada sino que el SEA, organismo que está cuestionado pues aprobó y permitió que el proyecto se desarrollara sin evaluar el impacto que tendría el puerto pese a las advertencias de Conaf”.