El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunió hoy con la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, tras lo que dio a conocer que el Ejecutivo mantendrá el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) a favor de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) que el Estado de Chile firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Acordamos con la ministra que la coordinación del ASA pasará desde la Secretaría General de Gobierno a la Subsecretaría de Derechos Humanos, por ser el órgano más competente para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos internacionales de Chile. El traspaso formal de funciones tendrá lugar en las próximas semanas”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.
Luego del traspaso se conformará una mesa de seguimiento del ASA, la cual la integrarán la Cancillería, el Movilh y la Subsecretaría de Derechos Humanos. A la par se rearticulará una mesa de trabajo coordinada por esta última instancia y el Movilh, con el objeto de convocar y considerar la voz de todas las organizaciones LGBTI interesadas en las temáticas del acuerdo.
“Valoramos que el Ejecutivo entienda que el ASA es un compromiso de Estado que se debe cumplir, al margen de las autoridades de turno. Valoramos especialmente la excelente disponibilidad de la ministra Pérez con los derechos humanos de las personas LGBTI”, finalizó Jiménez.
En la reunión estuvieron también presentes el subsecretario del ministerio General de Gobierno, Emardo Hantelmann, y la directora del Observatorio de Participación Ciudadana y no Discriminación del Gobierno, Renata Santander.
En el acuerdo firmado ante la CIDH, el Estado de Chile se comprometió a impulsar la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la reforma a la ley Zamudio y a la unión civil, la derogación de leyes homofóbicas y la implementación de políticas en educación, salud y trabajo y mujer, subrayó el Movilh.
El mencionado acuerdo fue declarado el mes pasado como legal, vinculante y obligatorio de cumplir por la Contraloría General de la República.