El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, afirmó que todas las decisiones que ha tomado en el caso Penta son de su exclusiva responsabilidad y negó presiones para ofrecer un juicio abreviado a los controladores del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al subsecretario Pablo Wagner.
“Las decisiones que uno va tomando son conforme a la ley y a los criterios generales que la propia Fiscalía Nacional tiene”, dijo el persecutor a El Mercurio, quien también afirmó que se siente respaldado por el fiscal nacional Jorge Abbott.
“No se requiere necesariamente que haya declaraciones explícitas de parte del fiscal nacional de respaldo, sino que derechamente se entregó la responsabilidad de dirigir estas investigaciones”, declaró al diario.
Respecto de cómo se llegó al acuerdo con los dueños de Penta, Guerra señaló que “es una decisión jurídica, que la hemos adoptado de acuerdo al estudio de las distintas normas legales que rigen esta clase de delitos y que obviamente tiene que ver con ciertas convicciones a las cuales hemos arribado con el transcurso del tiempo, durante la tramitación del caso”.
El fiscal añadió que, por ahora, no puede entregar el fundamento concreto que lo llevó a desechar la imputación de soborno contra Délano y Lavín, lo que finalmente derivaría en una pena probable de cuatro años -a cumplir en libertad- solo por delitos tributarios más una multa que aún debe definir el Servicio de Impuestos Internos (SII), tomando en consideración lo ya pagado durante la investigación.
“(En la audiencia) daremos cuenta del porqué de las modificaciones que vamos a hacer a la formalización y de las calificaciones jurídicas. Ese es el lugar donde debemos explicarlo y no previamente”, indicó.
También se llegó a acuerdo con el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, para quien se eliminaría el cohecho, recalificándolo como enriquecimiento ilícito. Ese cambio posibilita igualmente un procedimiento abreviado para la ex autoridad.
En su caso, el Ministerio Público pediría dos años por delitos tributarios, que se cumplirían en libertad, y otros tres de inhabilitación para cargos y oficios públicos, más una multa a determinar por el SII.
La audiencia para discutir estos procedimientos abreviados y el ofrecido para quien fuera el ex gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro, está fijada para el próximo 13 de junio en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Consultado por los casos de Laurence Golborne y Pablo Zalaquett, rrespondió que “constantemente hemos tenido reuniones con más de una defensa, pero en los casos en que se ha llegado a acuerdo nosotros pedimos audiencia; y donde no la hemos pedido es porque aún no se encuentran lo suficientemente afinadas las bases de un acuerdo y, por lo tanto, pronunciarme sobre eso sería especulativo, y prefiero no hacerlo”.
En cuanto al recurso que presentaron diputados del PS en el Tribunal Constitucional para impugnar el acuerdo, expresó que “ellos como ciudadanos ejercen un derecho y no corresponde que nosotros comentemos esa acción. Aunque no observo inconstitucionalidad de las normas señaladas en su requerimiento”.