Los diputados de la UDI afirmaron que en caso de haber una acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, también debería haber otra contra la ex titular Carmen Catillo, porque la Contraloría declaró ilegales los dos protocolos.
El jefe de bancada, Javier Macaya, señaló que “la Contraloría ha instalado un gran dilema jurídico que debemos ser capaces de resolver en materia legislativa y constitucional”.
También criticó la forma de comunicar el dictamen: “No había tenido oportunidad de ver antes que la Contraloría informe con un formato de redes sociales o casi un meme, de una forma bastante subjetiva a la hora de emitir un dictamen de esta categoría y de la naturaleza que tiene”.
“Yo no lo considero como algo normal y Contraloría tendrá que justificar sus razones del porqué se informa de esta manera algo que tiene un contenido jurídico que es bastante discutible, generando harta polémica”, añadió.
El diputado Macaya también dijo que “los dos protocolos han sido considerados ilegales, tanto el dictado en el Gobierno del Presidente Piñera como el de la ex Presidenta Bachelet por cuestiones de formas”. En ese sentido, señaló que si se impulsa una acusación constitucional contra el ministro Santelices, también debería haber otra para la ex ministra Castillo.
Luego advirtió que “defenderemos con mucha fuerza que las instituciones privadas puedan seguir siendo objetoras de conciencia porque la Contraloría, para que los privados no puedan seguir ejerciendo ese derecho, se basa en un DFL del año 80, no considerando una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que modifica la ley para que las instituciones objetoras privadas puedan alegarlas”.
“En ese sentido creemos que es una lástima que la ideología termine quitando a los más vulnerables de una salud de calidad como es la que presta instituciones privadas que legítimamente puedan ser objetoras de conciencia, porque puede terminar en que éstas finalicen esos convenios, no sólo afectando prestando las atenciones de maternidad, sino que todo lo relacionado con lo ginecológico”, añadió el diputadop.
Finalmente, advirtió que “vamos a defender con mucha fuerza la objeción de conciencia, nos reuniremos con el Gobierno para evaluar los pasos a seguir, y que obviamente las instituciones privadas de salud están en todo su derecho a recurrir a la justicia para impugnar lo que ha dicho la Contraloría”.