La ex ministra de Salud, Carmen Castillo, valoró el dictamen de la Contraloría que declaró ilegal las modificaciones al protocolo de objeción de conciencia que hizo la actual administración y afirmó que esos cambios fueron “apresurados y confusos”.
En entrevista con La Tercera, dijo que recibe el dictamen “con alegría y tranquilidad, porque en este tiempo nos preguntábamos ¿cómo, si pusimos tanto tiempo y trabajo haciendo este protocolo, va a estar mal hecho? Ahora, Contraloría nos da la razón”.
“Nosotros defendimos el documento original, porque un centro privado con un convenio DFL 36 pasa a cumplir labores que corresponden a los servicios de salud, a actuar como representante y, por ende, no puede ser objetor de conciencia. No puede excluirse de esas prestaciones”, añadió.
Consultada por las razones del actual Gobierno para cambiar el protocolo, respondió que “eso fue causal de la interpelación al ministro Santelices y él dio sus explicaciones. Al parecer, creyó que podía ser más correcto, pero finalmente los cambios que hizo el gobierno fueron apresurados y confusos”.
“Para nosotros fue preocupante, porque nos demoramos varios meses, analizando con niveles técnicos y legales, para darle solidez. En cambio, el último protocolo se hizo en un par de semanas o días”, agregó.