El jefe de Zona Santiago de Control de Orden Público e Intervención de Carabineros, general Eric Gajardo, expuso ayer ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre la actuación de Fuerzas Especiales en las últimas manifestaciones y tomas estudiantiles.
Según informa hoy El Mercurio, el oficial entregó un informe sobre los polémicos operativos que llevaron a los efectivos a ingresar al Instituto Nacional (jueves 24 de mayo) y al Liceo Confederación Suiza (lunes 28 mayo), ambos en la comuna de Santiago.
Tales despliegues concluyeron con 27 alumnos detenidos, uno de los cuales debió ser trasladado a la ex Posta Central “con evidentes signos de asfixiamiento por una acción mecánica sobre el cuello”, según aseguró Beatriz Contreras, directora regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH).
El general Gajardo argumentó que al Instituto Nacional entraron por flagrancia, ya que encapuchados estaban lanzando bombas incendiarias desde el interior del recinto hacia la calle, poniendo en riesgo a los transeúntes y a los carabineros que intentaban controlar una manifestación no autorizada.
Al Liceo Confederación Suiza, precisó el general Gjardo, se ingresó por una resolución exenta de la Intendencia Metropolitana que acusaba una usurpación ilegal del establecimiento y ordenaba su restitución a las autoridades educacionales.
En su relato, Gajardo habló de un alumno herido “leve” en el Confederación Suiza y de la detención de “10 hombres y siete mujeres”.
También informó que Carabineros ha tenido que intervenir en 512 operativos de orden público, y que si se consideran solo las manifestaciones estudiantiles, en 31 de ellas se han arrojado 350 bombas molotov a los efectivos y transeúntes.
Los operativos posteriores, añadió, permitieron incautar otros 60 artefactos incendiarios.
La exposición fue rechazada por la diputada Pamela Jiles (PH), presidenta de la comisión, quien estimó que el informe era una “falta de respeto” por una serie de imprecisiones y omisiones.
El jefe de Control del Orden Público en Santiago replicó que Fuerzas Especiales trabaja con esquemas de intervención validados por el Instituto de Derechos Humanos y que el personal es permanentemente capacitado en esta materia.
Negó que haya una cultura institucional de uso excesivo de la fuerza y se mostró dispuesto a revisar los protocolos internos. Además, planteó que el personal está sometido a un fuerte estrés, “lo que no justifica” los hechos cuestionados.