La diputada DC Joanna Pérez presentó un oficio al contralor regional del Bío Bío, pidiendo que éste se pronuncie respecto a una denuncia en contra del seremi del Trabajo de esta región, Carlos Jara, quien ha participado en una serie de audiencias judiciales tras asumir su cargo, ejerciendo la abogacía.
La parlamentaria manifestó su preocupación y extrañeza por esta situación, invocando la ley de Probidad Administrativa, pidiendo “un pronunciamiento claro y las sanciones respectivas: si el Gobierno releva este tema como importante dentro de sus funcionarios, no entendemos cómo no fiscaliza que uno de sus seremis no esté cumpliendo con la exclusividad que le exige la ley”.
La diputada precisó que en la ley N° 19.882 se detalla la obligación de dedicación exclusiva que recae sobre los funcionarios que ejercen funciones críticas cuando perciben la asignación correspondiente, lo que “implica destinar su capacidad laboral únicamente al ejercicio de esas funciones, es decir, importa la prohibición de desarrollar en forma remunerada la profesión que posea o de realizar cualquier otra actividad, por la cual tenga derecho a percibir algún beneficio económico como contraprestación de la misma”.
Por lo anterior, agregó, “al aceptar la asignación por el desempeño de funciones críticas, el servidor queda sujeto a la dedicación exclusiva que la percepción de dicho emolumento exige, encontrándose, por tanto, impedido de desarrollar otras actividades laborales remuneradas, sean éstas públicas o privadas, siempre que las mismas no se encuentren comprendidas en alguna de las excepciones previstas en el inciso quinto del artículo 1° de la referida ley N° 19.863. Por esto, esperamos un claro pronunciamiento del órgano contralor”.