La Orden de los Hermanos Capuchinos cerró la investigación previa iniciada en febrero en contra del sacerdote Sergio Uribe Gutiérrez por presuntos abusos sexuales, quien ejercía como párroco del Instituto Alonso de Ercilla, perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas.
Los hechos datan de los años setenta. La investigación previa corroboró la veracidad de las denuncias, por lo que el caso fue remitido al Vaticano para que se inicie una investigación que determine su culpabilidad o inocencia.
Los denunciantes fueron Franco Rojas y Jaime Concha, quien ha pedido llegar a las últimas consecuencias.
Concha valoró que se le diera veracidad a su denuncia y recalcó que esto demuestra la importancia de denunciar, a pesar del tiempo transcurrido, donde además mostró la carta de los capuchinos que le enviaron directamente vía Twitter.
La Orden Franciscana también cerró la investigación previa contra los sacerdotes Manuel Alvarado y Saúl Zamorano.
En una breve comunicación, la instancia le informó a una de las denunciantes, Fran Parra, que los antecedentes serán enviadas al ministro general de la Orden de Frailes Menores para determinar las medidas a tomar.
Parra recordó que este religioso en su momento estuvo a cargo de la investigación del caso Marista.
Por estos hechos de abusos es que las víctimas decidieron organizarse y crear la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos Chile, para acompañar y asesorar jurídica y psicológicamente a los denunciantes de abusos sexuales cometidos por religiosos.
Una instancia que, según varios de sus integrantes, nace ante la inacción y encubrimientos de casos por parte de la misma Iglesia y el descrédito que los denunciantes han sufrido por parte de obispos y otras autoridades eclesiásticas.
En una declaración pública, la agrupación exigió a la Iglesia Católica y a través de ella al Vaticano que modifique sus modos de operar ante estos delitos y atienda las exhortaciones enérgicas y urgentes que la ONU entregó formalmente al Vaticano en 2014.
Además, pidieron a la sociedad y al Estado a que accione para conseguir el “nunca más” de estos delitos y se investiguen.