Sorpresa causó en los rectores de algunas universidades adscritas a la gratuidad las quejas de sus pares de los planteles privados, que no están en esta política pública, en relación a las posibles mermas económicas que el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (Sifs) generaría en esas casas de estudio informa esta mañana el diario “La Tercera”.
Esto, porque estiman que el nuevo crédito es mucho más conveniente para las instituciones que el beneficio impulsado por el gobierno anterior.
“El crédito es un mecanismo de acceso que desalienta a las universidades a estar en la gratuidad, porque se generan dos regímenes de financiamiento distinto. Y es curioso que el alegato provenga de los más beneficiados”, dijo el rector de la U. Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Silva.
Además, añadió que “lo que hace el proyecto es permitir que los planteles que no están en gratuidad cobren lo que quieren para los deciles 7 al 10, y eso va a ser financiado por el Estado, a través de este crédito, y otra parte por el copago de los alumnos. En cambio, las universidades que están en gratuidad tenemos fijación de precios hasta el noveno decil”.
En tanto, el rector de la U. Austral, Óscar Galindo, planteó que el Sifs permite mejores flujos de financiamiento para las instituciones, a diferencia de la gratuidad, y dijo que el proyecto pone en evidencia que se están creando dos subsistemas de educación superior con condiciones distintas.
“Las universidades adscritas a gratuidad presentan una enorme carga de limitaciones: aranceles regulados, vacantes reguladas, sistema de admisión, limitaciones en el financiamiento y un sistema no adscrito, casi sin regulaciones de esta naturaleza que es más favorable para las instituciones. Creo que el país tiene que hacer una reflexión de fondo sobre este punto, pues provocará una nueva expansión del sistema privado fuera del Cruch” dijo Galindo.
Por su parte, el rector de la U. Diego Portales (UDP), Carlos Peña, explicó que de aprobarse el proyecto gubernamental, habrá tres estatutos en lo relativo al financiamiento: el de aquellas universidades con Aporte Fiscal Directo (AFD) y gratuidad, es decir las del Cruch; otro de aquellas que carecen de aportes basales y adscriben al crédito, y un tercero aplicable a las universidades que se mantengan en la gratuidad sin AFD, entre las que están la UDP y la UAH.
Según Peña, estas últimas “deberán escoger entre mantenerse en la gratuidad y aceptando aranceles regulados, transformándose solamente en instituciones docentes de pregrado, sin relevancia en investigación o, en cambio, abandonar la gratuidad, incorporándose solamente al sistema de créditos, única manera de eludir la fijación de aranceles y contar con recursos para investigar e incrementar su calidad”.
Peña añadió que, “en suma, solo si la universidad cuenta con Aporte Fiscal Directo puede mantenerse, sin riesgos severos, en la gratuidad con fijación de aranceles. Si en cambio carece de este no podrá mantenerse en la gratuidad salvo que consienta en disminuir su calidad y los niveles de investigación”.
Su par de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, indicó que uno de los aspectos a modificar en el proyecto es asimilarlo a lo que establece la gratuidad, “ya que como está formulado aparece como mucho más favorable para las instituciones”. Y enfatizó que “habría que disminuir el valor a financiar por el Estado en el crédito en términos semejantes a lo que se ha aplicado en gratuidad; un 50% sobre el arancel de referencia es excesivo”.
El rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, además de lamentar que es Sifs sea más atractivo financieramente que la gratuidad, criticó que con ambas iniciativas “al final se endosa a la institución la responsabilidad de sostener esta política. Esta estrategia nos ha llevado a una disminución de las posibilidades reales de las instituciones de mejorar su inversión en calidad, ya que nos hemos transformado o nos estamos transformando en operadores de los gobiernos de turno”.