Este miércoles la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja rechazó la indicación que exige la residencia definitiva a los extranjeros para que puedan acceder a beneficios sociales en la tramitación de la nueva Ley de Migraciones.
Esto no agradó al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien afirmó en la jornada que “si un extranjero llega antes del 31 de diciembre, podrá en marzo tener su ‘bono marzo’ e irse a finales de ese mes. Se supone que los beneficios de costo exclusivamente fiscal siempre se entregan en función del arraigo, y me parece que dos meses es absolutamente irrisorio”.
A raíz de esto, el gobierno no descartó presentar una reserva de constitucionalidad que podría llegar al Tribunal Constitucional (TC), en caso de que no se revierta esta situación en el congreso (aprobación de la indicación).
Desde la oposición acusaron al Ejecutivo de negarse a discutir un plazo distinto al de 2 años para que los extranjeros puedan acceder a beneficios sociales, además de afirmar que estos se establecen para las personas que habitan en Chile, y no tienen que ver con su nacionalidad.